No hay duda que el proyecto minero Tía María ha dividido a la ciudadanía peruana. Tras 51 días de protestas que ha dejado un saldo de tres muertos (dos civiles y un policía), la situación en Islay es delicada.
Para el día de hoy se ha anunciado un paro regional de 72 horas en Arequipa en contra de Tía María. En ese contexto, el diario Gestión publica una encuesta de Pulso Perú que busca presentar que la mayoría de la población peruana apoya la actividad minera. No obstante, hay algunos detalles que nos llaman la atención. Veamos.
Gestión vende la encuesta con el siguiente titular: "Pese a protestas contra Tía María, apoyo a minería sube 11 puntos y llega a 61%". Esto es verdad. En efecto de un universo de 1,200 personas, 732 respaldan la actividad minera en el país. Luego viene lo interesante.
De las personas encuestadas un 45% de ellas no está enterada del conflicto que existe en torno al mencionado proyecto minero. Del 55% que sí está enterado, poco más de la mitad (51%) señala que Tía María debe ser cancelado.
Estas cifras nos dejan una interrogante: si más peruanos estuvieran al tanto de lo sucedido en Islay, ¿aumentaría o decrecería el apoyo a la minería?
El aspecto más controversial del estudio, no obstante, se encuentra en las preguntas que hacen referencia a las ONG ambientalistas, a las cuales se les denomina "antimineras".
¿Cuáles son estas "ONG antimineras"? Y más importante aún: ¿quién califica como antimineras dichas organizaciones? ¿Pulso Perú o Gestión? Llama la atención que no se especifique cuáles son esas "ONG antimineras". Recordemos que el discurso 'antiminero' fue propalado por la misma Southern Copper (a través de su vocero que anunció el retiro de la empresa que, finalmente, nunca se dio). Luego, el término sería utilizado por algunos representantes empresariales.
Ahora bien, a pesar de la animadversión contra las ONG ambientalistas, un 39% de los consultados cree que están a favor del desarrollo del país. En tanto, un 78% cree que estas instituciones deben mostrar quién financia sus actividades. Una práctica que debería ser emulada por quienes tienen cargos públicos. Por ejemplo, los ciudadanos tenemos derecho a conocer quién financia las campañas de nuestro políticos. Hace poco, publicamos una nota que recordaba una investigación del diario La Primera que informó sobre los congresistas que recibieron aportes de Reflexión Democrática, ONG de Roque Benavides, empresario minero.
Entonces, ¿podemos calificar este estudio como totalmente imparcial?
[Lee nuestra sección especial sobre Tía María aquí]
