Ayer, 22 de abril, el ciudadano Victoriano Huayna Nina (61) perdió la vida durante la protesta contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper en la provincia de Islay en la región Arequipa.
El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, confirmó la versión del Gobierno. En declaraciones a RPP Noticias, dijo:
"Lamentamos la pérdida de una vida humana. Es necesario que se aclaren las circunstancias en las que ha ocurrido esto. Ayer hablé con el ministro del Interior y me dijo que la Policía no está usando armas letales".
Para el ministro, los policías solo están cumpliendo sus funciones:
"La Policía tiene una función y tiene que cumplirla, tiene que mantener el Estado de derecho, yo considero hasta el momento que ha sido responsable en Arequipa".
Y agregó que el Gobierno se ha mostrado dialogante:
"En los más de 30 días de paralización, el Gobierno ha demostrado voluntad de diálogo. Nosotros tenemos estudios técnicos, se han subsanado errores del pasado. Queremos abrir la puerta para escuchar argumentos técnicos solventes y hasta tomar estudios complementarios para ser tomados en cuenta. Me parece que es el momento que hagamos un alto a esta escalada de violencia. Debemos tomar en cuenta propuestas técnicas, lo otro son posiciones políticas radicalizadas".
Benites repite también la versión de que los ciudadanos que se manifiestan en contra de Tía María están siendo manipulados por organizaciones:
"Lo que dijo el Presidente es que iba a respetar la voluntad del pueblo, pero de un pueblo informado. Y lamentablemente hay algunos grupos que están desinformando. No estamos imponiendo la presencia de la empresa por la fuerza. Pedimos a los organizadores de la protesta que nos permitan un debate abierto y público".
Benites usa también la "imagen internacional del país" para intentar convencer a los opositores al proyecto minero:
"Aquí no solo está en juego el proyecto minero, sino la reputación del país como un país que atrae inversión. La voluntad del Presidente es que esto se solucione con diálogo".
Pero no todo lo que dice el ministro parece ser preciso. Luego de que se informara sobre la primera muerte en esta etapa del conflicto (ya que en el gobierno de Alan García fallecieron tres personas), en las redes sociales circularon imágenes de los heridos y también de esto:
Según el diario El Buho.pe, "reportes oficiales del hospital Manuel De Torres Muñoz de Mollendo dan cuenta que un manifestante que estaba en el puente Pampa Blanca, este mediodía, fue herido por un proyectil que ingresó por el femoral derecho hacia la ingle, falleciendo horas después". Esta información fue confirmada a Radio Yaraví por el director de la Red Salud de Islay, Walter Vera.
El alcalde de Cocachacra, Elard Valencia, se pronunció al respecto. "La Policía ha disparado, la gente ha encontrado casquillos de bala. Lamentablemente se han hecho las llamadas a las autoridades de Lima, pero nadie contesta", dijo.
Los arequipeños están a la espera de los resultados de la necropsia de ley.
Y si el Gobierno quiere saber cómo actúa la Policía, debería ver este video:
O las imágenes de este otro herido de gravedad, que responde al nombre de Rubén Quispe, quien aparentemente muestra una herida de bala:
Benites dice que el Gobierno es dialogante, pero antes que vayan los ministros a Islay, primero envió más de 2,000 policías. Esa fue la primera reacción del Ejecutivo ante la protesta contra Tía María. Y el Jefe del gabinete, Pedro Cateriano, no se mostró nada dialogante al pedir al Ministerio Público y el Poder Judicial que meta presos a los dirigentes.
Recordemos que cuando se informó de la muerte de un ciudadano en la protesta en Pichanaki contra Pluspetrol, el Gobierno también negó que la Policía esté usando armas de fuego, pero al final se comprobó lo contrario.
Desde el 23 de marzo, la provincia de Islay está en paro indefinido en protesta contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper. La preocupación de los agricultores es que la explotación minera a tajo abierto afecte sus actividades. El primer EIA de este proyecto fue rechazado, ya que recibió más de 130 observaciones. El segundo fue aprobado en el 2014, pero los opositores no confían en la empresa minera.
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