Tras cancelar el proyecto Río Verde, la Municipalidad de Lima recibió un ultimátum: si en tres días no respondía, la Comunidad Shipiba de Cantagallo iniciaría acciones legales.  

Por la ausencia de Jaime Villafuerte, gerente de Promoción de la Inversión Privada, se canceló hoy la reunión entre la comunidad, sus asesores y los representantes de la alcaldía, a un día de vencerse el plazo indicado en la carta notarial enviada el último martes.

Así lo explica Wilson Valles, presidente de la asociación akushikol - una de las tres que aglomera la Comunidad Shipiba - en conversación con LaMula.pe:  

"Nos prometieron una reunión, pero no estaban presentes el Gerente de Invermet ni el de la Promoción de la Inversión Privada, por eso hemos postergado la reunión".

Villafuerte fue quien anunció la suspensión del Proyecto Río Verde - que pretendía la recuperación de seis kilómetros del Río Rimac - asegurando que se beneficiaba a un grupo minoritario. 

El día de ayer, representantes de la Municipalidad de Lima se acercaron a la Comunidad Shipiba para coordinar un encuentro, aunque Valles - que se encontraba presente - asegura que se les trató de mala manera: 

"Vino la subgerente de Participación Vecinal prepotentemente, diciendo que ellos no tienen miedo de ninguna autoridad ni de ningún abogado"

Si bien mañana se vence el plazo, la comunidad esperará hasta el viernes para decidir si inicia acciones legales, aunque se mantendrá un eventual diálogo de manera paralela, explicó el abogado Richard O'Diana a LaMula.pe: 

"Presentarán una acción de amparo porque lo que están reclamando es una afectación a sus derechos constitucionales".

Aunque en la reunión de hoy, llevada a cabo en las instalaciones de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, los representantes de la Municipalidad explicaron que los gerentes se encontraban atendiendo los desastres en Chosica, los dirigentes les hicieron saber que su problema también es principal. 

Durante la gestión de Susana Villarán, y a través de un fideicomiso, se financió la compra de un terreno en San Juan de Lurigancho para la construcción de un complejo habitacional donde reubicar a la comunidad shipiba. Ahora los fondos servirán para financiar un bypass en las avenidas Garcilaso de la Vega, 28 de Julio y Arequipa.