En el cuento "Al pie del acantilado" del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro se expone la desavenencia que sufre un hombre en su afán por encontrar un lugar para establecer su hogar. La ficción no está muy lejos de la realidad.

En nuestro país tener una casa propia es un lujo. Diferentes medios han destacado en los últimos años que existe un déficit de vivienda en el Perú. Aún hoy se puede escuchar noticias de invasiones a terrenos, ya sean privados o del Estado.

El periodista Ricardo Uceda ha elaborado un informe para La República sobre una estafa de terrenos en Puente Piedra que afecta a 129 familias.

Todo se inició en 1999. Ese año, el 13 de marzo para ser más precisos, Natalio  Huamán Gutiérrez vendió 2.5 hectáreas a Inmobiliaria Santa Juana, cuyo gerente general es Moisés López Murillo. 

El terreno vendido conformaba el 47% de acciones y derechos de un predio que recibió Huamán a la muertes de su esposa, Adela Hinostroza. El precio pactado fue 238 mil dólares, de los cuales se pagaron 30 mil al momento de redactar la escritura. El resto se cancelaría en pagos anuales de unos 80 mil dólares por dos años. Así, el 2001 la deuda estaría saldada. Pero eso no sucedió.

Conforme se cancelaba la deuda, López dividió el terreno en 129 lotes y dio inicio a la venta. Muchos familias vieron en ellos la oportunidad de  su vida. Por un precio que oscilaba entre tres y seis  mil dólares podían tener un 'techo propio'. Ya podemos imaginarnos el enorme esfuerzo de más de 100 familias pobres por juntar tanto dinero. La tentación era aún mayor ya que los compradores podían obtener sus títulos en la Sunarp (gracias a las condiciones estipuladas en el contrato). Una vez obtenidos estos, solo había que construir. Pero en el Perú, 'papelito no siempre manda'. 

Según la investigaciones de Uceda, López no era buen pagador y había presentado información falsa a Registros Públicos para acreditar pagos y liberar la hipoteca. Pero la jugada falló. Huamán lo descubrió  y lo denunció civil y penalmente. Al final consiguió que el Poder Judicial dispusiera la nulidad de la cancelación de la hipoteca  (López aún debía cancelar 68 mil soles). Ahí comenzaría el calvario para las 129 familias.

Huamán consideró deudores a los compradores de la urbanización Santa Juana. Él había inscrito en Registros Públicos la demanda de nulidad del levantamiento de la hipoteca (el mismo que se produjo en el 2003). Según su razonamiento, los clientes sabían que los terrenos que compraban estaban en litigio. 

A partir de ahí, la orden de remate público era cuestión de tiempo. Uceda descubrió que la tasación para validar esta acción judicial tuvo serias irregularidades. Para empezar la suma irrisoria del precio base: 9 dólares el metro cuadrado. Por los demás, el arquitecto, Alejandro Enríquez Esquives, cuya firma aparecía en la tasación, nunca había hecho el estudio correspondiente. Así lo declaró ante la DINICRI. Peor aún: los ingenieros que suscribieron la tasación (Milton Villacorta y Fernando Castro) fueron sobornados para firmar la misma. 

En  pleno desarrollo de esta 'plan', Huamán falleció pero sus hijos tomaron la posta. Fueron ellos quienes 'ganaron el remate' (fueron los únicos postores) por 180 mil dólares. Deducida la deuda previa de 68 mil, más los intereses del juicio, pagaron menos de 100 mil. Ahora, los terrenos sin construir se están ofreciendo entre 140 y 200 dólares el metro cuadrado. Los vástagos hicieron el 'gran negocio'. El mismo que implica el desalojo de 129 mil familias, el cual es cuestión de semanas. A los afectados ya les rechazaron una acción de amparo. Ahora preparan otra para evitar-en palabras de Uceda- "uno de los mayores desalojos de los últimos tiempos".