“Nosotros nos reunimos con la PCM para decirles que queremos que avancen con las mesas técnicas de trabajo, y que las conclusiones de esas mesas se conviertan en un compromiso entre los pueblos indígenas y el Estado. Que se firme ese acuerdo sabiendo quién es el responsable, con qué dinero se van a solucionar los problemas y en qué tiempos”, dice a LaMula.pe el presidente de las comunidades del río Marañón, Alfonso López Tejada.

Él y Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), se reunieron el viernes pasado con la prensa extranjera y nacional para hablar de la situación de las comunidades de las cuatro cuencas de Loreto y su conflicto con la empresa Pluspetrol y el Estado (la Presidencia del Consejo de Ministros, sabiendo que ellos darían dos conferencias de prensa el viernes, los convocó ese mismo día y a la misma hora para informarles de los avances en las negociaciones).

“Nosotros no estamos para recibir pequeños informes, pequeños avances, para eso son los técnicos. Lo correcto es plantear una valorización técnica responsable de uso de tierras y canteras. Debemos estar convencidos de que la empresa nos debe dar lo que por justicia nos corresponde y no como una dádiva para tranquilizarnos”, añade López, quien representa a 57 comunidades.

El apu subrayó que no se trata de que los nativos quieran dinero, sino de que se respeten sus derechos: “nuestros derechos no son negociables, nuestra vida es un derecho no negociable y no tiene precio”.

Como se sabe, desde el 26 de enero aproximadamente 400 nativos de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón han tomado 14 pozos operados por la argentina Pluspetrol en la base petrolera de Jibarito. Y los apus llegados a Lima demandaron que la petrolera reconozca sus derechos sobre la tierra como condición para reanudar el diálogo entre ambas partes y levantar la protesta.

Las comunidades reclaman al Estado peruano y a Pluspetrol que reconozcan sus derechos al territorio (mediante la titulación), la remediación de las zonas afectadas por la explotación petrolera, una compensación por el uso de los territorios, una indemnización por daños y una evaluación ambiental.

Sandi, que representa a 36 comunidades, adelantó que el próximo martes habrá una reunión de la mesa de diálogo con Pluspetrol, que fue suspendida esta semana “porque la empresa no quiso reconocer nuestros derechos sobre la tierra”. “Pluspetrol me ha llamado, me dicen que quieren conversar con el pueblo, pero falta concretizar acuerdos con la empresa. Sólo si Pluspetrol decide asumir su responsabilidad y se pone de acuerdo con las comunidades, levantaremos nuestras medidas de lucha”, dice a LaMula.pe.

Cabe indicar que la comunidad de Pampa Hermosa es la que encabeza la protesta, y aunque en un primer momento la empresa decía que no estaba ubicada dentro de su área de influencia luego el representante de Pluspetrol, Alfredo Zúñiga, ha reconocido que sí, pero la compañía no la ha incluido en las negociaciones. “La empresa pretende enfrentar al pueblo indígena, es parte de su estrategia. Pampa Hermosa demanda una compensación por el uso de sus tierras, pero Pluspetrol ha arreglado con otras comunidades dentro del lote 1AB, menos con nosotros. ¿Por qué la empresa crea divisionismo, discordia, malestar?” pregunta Sandi.

“Lo que hay es un matrimonio entre Pluspetrol y el Estado. Ellos quieren poner en práctica el dicho ‘divide y reinarás’, y de alguna manera lo han hecho porque ahora ha habido desacuerdos entre las comunidades. Pero será difícil que desarticulen a las federaciones y que terminen con la unidad de las cuatro cuencas porque hay necesidades y problemas comunes, exigencias colectivas grandes que involucran a todos”, subraya, por su parte, López.

Es responsabilidad de las empresas petroleras –resaltó– compensar por el uso de las tierras y las canteras, pero el Estado ha permitido que las compañías incumplan, a pesar del daño al ecosistema y a la salud de los pobladores.

El Estado peruano declaró a las cuencas en emergencia sanitaria por la presencia de metales pesados en el agua y la tierra, y estableció una mesa de diálogo pero en tres años no ha resuelto con acciones concretas.

“Venimos conversando más de tres años con el Ejecutivo, y nos dice que hay avances, pero la población ya no cree en el gobierno. Las comunidades quieren ver resultados, medidas concretas. Por ejemplo, la zona de Corrientes está declarada en emergencia sanitaria, pero ha pasado más de un año y la población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados, el Estado no toma medidas concretas”, señala Sandi.

Ambos indican que las comunidades seguirán en pie de lucha hasta que el gobierno y la empresa resuelvan a su favor. “Son tantos años de exploración petrolera y la consiguiente contaminación que afecta nuestra salud. Nuestros hermanos ya no quieren falsas promesas. Estamos de acuerdo con el diálogo, pero no podemos seguir esperando más”, dicen los apus.

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