Con la detención en Bolivia del prófugo exfinancista de Ollanta Humala se da inicio, técnicamente, al proceso de solicitud para que Bolivia lo extradite. El Fiscal y la juez del caso ‘La Centralita’ ya preparan el expediente que será enviado al país altiplánico, pero, según algunos juristas, este es un buen escenario para el amigo de la pareja presidencial.  

El pedido de detención provisional o arresto provisorio del prófugo Martín Belaunde Lossio se inició en los días agónicos del 2014. El 30 de diciembre, el fiscal del caso ‘La Centralita’, Marco Huamán, lo solicitó, y la juez de investigación preparatoria, Zayda Pérez, lo aprobó. El día 31 fue remitido por el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a la Cancillería para su respectivo despacho al Estado boliviano.

El arresto se efectuó hoy, y tal como lo confirmó el presidente del Tribunal de Justicia de Bolivia, Jorge Isaac von Borries, obedeció a un “pedido expreso” de la Cancillería peruana.

Esta medida limitativa es la condición previa o el paso inicial para dar inicio al proceso de extradición.

Ahora, en teoría, Martín Belaunde permanecerá bajo vigilancia policial en un solo lugar (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en La Paz) a la espera de que las autoridades peruanas empiecen a formar el primer cuaderno de extradición, que en este caso corresponde al caso ‘La Centralita’, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y complicidad en peculado.

El cuadernillo es elaborado por la juez del caso –con el aporte de piezas fundamentales que pueda hacer el fiscal– y una vez listo es elevado a la Corte Suprema, instancia que debe opinar de manera favorable o desfavorable. Si es lo primero, lo envía al Ministerio de Justicia, y si éste lo considera, lo remite, vía Fiscalía de la Nación, al Ministerio de Relaciones de Exteriores. Todo, en el lapso de seis meses.

El problema, como advierten algunos juristas consultados para este informe, es que los delitos imputados a Belaunde por el caso de Áncash “no son muy trascendentes”. Además, la justicia boliviana no considera el peculado para el caso de privados –ajenos al Estado– como es el amigo presidencial.

Por otro lado, el expediente del caso ‘Antalsis’ –el que complica más a Belaunde y, eventualmente, al gobierno– aún se encuentra en etapa de investigación preliminar. Al fiscal de este caso, Elmer Chirre, le han pedido pisar el acelerador para que su propio cuaderno de extradición sea remitido en paralelo al de ‘La Centralita’.

¿FAVORABLE A BELAUNDE?

“Hubiera sido preferible esperar a que esté listo el expediente del caso Antalsis antes de dar inicio a este proceso”, dijo una fuente de la Fiscalía que pidió no ser identificada.

El exfiscal del caso Fujimori, Avelino Guillén, advierte que el nuevo escenario del pedido de extradición es el más favorable, ahora, para Martín Belaunde.

“Entre la expulsión y la extradición, esta última le resulta mucho más favorable a sus intereses”, reflexionó Guillén debido a los tiempos que demanda la extradición, los mismos que podrían alargarse más allá de la formalidad.

Ronald Gamarra, jurista y exprocurador Anticorrupción, ve otro problema: “Ahora Bolivia también podría tener un pretexto y ya no tendría apuro para resolver el tema del refugio porque Perú ha presentado este pedido. Es decir, se le podría quitar celeridad a la solución de la solicitud del refugio”.

Para el penalista y exprocurador Anticorrupción, Yván Montoya, dentro de los escenarios que tenía el prófugo, “el pedido de extradición es el mejor que tiene; ahora cada proceso judicial va a requerir de una autorización de la justicia boliviana”.

Ese será uno de los grandes inconvenientes a partir de ahora. Si de ahora la justicia peruana quiere judicializar nuevos hechos, nuevas imputaciones, nuevos presuntos delitos cometidos por Belaunde, tendrá que hacerlo con la autorización de Bolivia.

Tal como ocurrió con el caso Fujimori. Ningún juez peruano podrá llevar a los tribunales al exfinancista de Humala porque mandarán los cánones de la extradición y decidirán los magistrados bolivianos si nuevos juicios proceden o no. Así de simple.

“Ya no va a haber una amplitud ni una libertad en los fiscales y jueces para investigar todos los elementos nuevos que surjan en el futuro; solamente estarán sometidos a los tipos penales que la Corte Suprema boliviana apruebe, y nada nos asegura que los apruebe”, señaló Guillén.

¿Y LA EXPULSIÓN?

El exfiscal superior, que en su momento siguió de cerca el proceso de extradición de Alberto Fujimori, cuestiona este punto: Si ya Conare tenía localizado a Belaunde, si éste ya tenía arraigo a través de Conare, lo que se debió primero es definir el pedido de refugio.

“En el Perú ya había unidad de criterio respecto a que no es un perseguido político sino judicial, y al haberse consolidado esa idea, debió exigirse la expulsión. Pero ahora nos sorprenden con la detención preventiva que lo único que va a hacer es dilatar el procedimiento. Esto no va a durar solo seis meses sino muchos más”, cuestionó Guillén.

Para el exmagistrado lo óptimo hubiera sido solicitar la extradición un poco más adelante, una vez que el tema de la expulsión hubiera sido desechado de manera definitiva.

Recordó que en el caso de Rodolfo Orellana el Estado peruano sí fue firme al solicitarle a Colombia la expulsión de dicho personaje. “El Estado debió ser más firme, más contundente en este caso. ¿Por qué tiene que haber un distingo entre los dos casos? ¿Por qué Bolivia no puede hacer lo que hizo Colombia?”, cuestionó.

“El señor Martín Belaunde es una persona con mucha suerte en los temas judiciales, esperemos que esa situación se revierta”, dijo Guillén.

Gamarra también hizo hincapié en la importancia de insistir en la expulsión del exfinancista presidencial. “Hay que confiar en que las autoridades bolivianas lo expulsen, y pueden hacerlo sin ningún problema. Sería una forma de que haga visible su adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción”, expresó.

Lo que conviene, señala el penalista, es la expulsión, de ese modo no habrá ningún límite para investigar todos los hechos en los que Belaunde esté hipotéticamente involucrado. Límite que sí se avizora –insistimos– con la extradición.

Otro aspecto que menciona es el “alargue” que seguramente le darán los abogados al trámite de formación del cuaderno de extradición: “Al formar el cuaderno los abogados se van a presentar, van a cuestionar, van a pedir la palabra, van a tratar de alargar todo”.

SUBSISTE POSIBILIDAD DE EXPULSIÓN

Yván Montoya, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, recordó que el delito de complicidad en peculado no prosperó en Chile cuando el Perú solicitó la extradición de Eduardo Calmell del Solar, Daniel Borobio y Julio Vera Abad.

“Esos casos se perdieron allá estrepitosamente. Para Chile el delito de peculado no lo podría cometer un privado”, alertó. “Aunque, claro, no es una cuestión de leyes, sino de cómo lo interpreta cada país”, acotó.

No obstante –señaló– si Bolivia es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, no habría ninguna excusa al respecto. “Si es país parte tendría deberes de cooperación y de entendimiento”, indicó.

Montoya explicó que la posibilidad de que Bolivia expulse a Belaunde aún está intacta, pese al proceso de extradición iniciado. Recordó que uno de los prófugos de la mafia Fujimori-Montesinos se había escondido en Estados Unidos, y en pleno pedido de extradición, dicho país advirtió que el procesado había ingresado ilegalmente. Y entonces lo expulsó.

Lee también en LaMula.pe

Belaunde Lossio es detenido en Bolivia

Abogado de Belaunde Lossio dice que se ha vulnerado su seguridad jurídica

En Palacio sí recibieron denuncia contra Belaunde 

7 datos que debes conocer sobre Belaunde Lossio

Procuraduría: Belaunde Lossio no puede ser colaborador eficaz