Luego de tres años de sostener reuniones y mesas de trabajo con diferentes representantes del Estado, las organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en Loreto, están cansadas de esperar y exigen acciones concretas para mitigar los graves problemas sociales y ambientales ocasionados por los más de 40 años de actividad petrolera en sus territorios.

Bajo la lógica que lo único que falta para resolver su problemática es decisión política, una delegación de apus representantes de las cuatro cuencas llegaron a Lima con el objetivo de reunirse con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, así como con los representantes de los ministerios de Energía y Minas, de Salud y del Ambiente. Sin embargo, según afirmó Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la respuesta de la PCM fue dejarlos esperando, "no niegan el diálogo, pero tampoco ponen fecha". 

Pese a la urgencia de medidas concretas y a la disposición de diálogo que hasta la fecha han tenido las comunidades, la jefa del Consejo de Ministros, Ana Jara habría pospuesto la reunión que sostendría con los dirigentes indígenas. Según un acuerdo tomado el 10 de noviembre, a finales de este mes se realizaría una reunión de “alto nivel” para tomar decisiones políticas que logren encaminar soluciones concretas para las cuatros cuencas.

Ante este contexto y para manifestar su malestar, esta tarde los apus, acompañados de un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas, dieron una conferencia de prensa desde el hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República, en la que una vez más denunciaron el abandono del Estado. 

ESTADO INCONSECUENTE

Los dirigentes indígenas, así como los congresistas Manuel Dammert, Marisol Pérez Tello, Verónika Mendoza, Jaime Delgado, Eduardo Nayap y Rosa Mavila, cuestionaron la inconsecuencia del gobierno, el cual por un lado está teniendo un rol muy importante a nivel mundial por ser anfitrión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP20), pero que por el otro, no pone prioridad por resolver los problemas ambientales en el país.

"Como vas a creer que un Estado tan irresponsable, que al espejo del mundo quiere ser un anfitrión, un ejemplo de toda América Latina, pero cómo le vamos a creer nosotros cuando nuestros hermanos y nuestros bosques están contaminados, están destruidos", cuestionó Carlos Sandi, presidente de Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).

Por su parte, Alfonso López advirtió que como representantes de sus comunidades deben regresar a informarles sobre las respuestas que han tenido del gobierno. "Se tendrá que tomar las decisiones correspondientes para exigirle al Estado que de verdad sea un garante de nuestros derechos y no sea un socio de las transnacionales, de las empresas petroleras, para destruir nuestros bosques, destruir nuestras vidas y violar nuestros derechos permanentemente", dijo en declaraciones a LaMula.pe.

Los pedidos que las comunidades afectadas hacen al Estado se centran en cinco puntos principales: Salud, educación, remediación ambiental, titulación de territorios e indemnización. Asimismo, las federaciones han advertido en varias ocasiones que no participarán en la consulta para una nueva licitación del lote 192, uno de los más importantes del país, sin que antes se resuelva sus exigencias. El contrato de concesión que la empresa Pluspetrol tiene del lote 192 vence en nueve meses, pero el Estado aún está de manos cruzadas.

Foto portada: LaMula.pe