Una fotografía en plena sesión de la Legislatura captó una conversación a través del celular entre un directivo de Yamana Gold, una gran empresa minera canadiense y Gustavo Muñiz, un diputado de la provincia argentina de Chubut. El gerente de la empresa le preguntaba al diputado "¿podrá corregirse un término del artículo 4?" y continuaba su mensaje "Debería decir: ... Abarcando la región o [...]" el mensaje no se puede apreciar completo en la fotografía pero sí parte de la respuesta del legislador, que afirma "[...] después el ejecutivo lo arregla".
La fotografía, que se viralizó en redes sociales en pocas horas ha creado un auténtico escándalo político en Argentina, ya que si bien es sabido que los intereses económicos tienen gran influencia en la política de todo el mundo, esta descarada evidencia pone de manifiesto una desvergonzada sumisión de los políticos ante las poderosas empresas.
El diputado, lejos de disculparse y dimitir, ha echado más leña al fuego asegurando que recibió mensajes de varios sectores y que en el momento del intercambio de mensajes el proyecto estaba cerrado.
En la asamblea en la que se tomó la fotografía, se aprobó por 15 votos a 12 un proyecto que tergiversaba el presentado por iniciativa popular y que había recibido más de 13.000 firmas de apoyo. El proyecto finalmente aprobado, a pesar de las críticas la Unión de Asambleas Ciudadanas, que querían prohibir la megaminería en la provincia, abre las puertas a la explotación minera en aquellas poblaciones en las que sus ciudadanos, a través de consultas vinculantes así lo decidan.
Enrique Viale, abogado ambientalista, ha asegurado que podrían haber rechazado la iniciativa popular, pero en cambio, lo que hicieron "es como si por iniciativa popular se hiciera un proyecto contra la trata de personas y la ley que termina saliendo habilitara los prostíbulos". El abogado ha afirmado que es un escándalo y que van a exigir que el diputado muestre públicamente todos los mensajes que intercambió con el directivo de la empresa minera.
El lobby de la industria minera tiene un gran poder en la provincia de Chubut, según ha afirmado a Infobae el diputado de UCR Roberto Risso, que ha resumido en una frase este escándalo: "La presión ha llegado al Estado. El Estado no regula".
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