Un mecánico compró una motosierra. El vendedor acusó la falta de pago y luego de veinte años, el comprador terminó perdiendo su vivienda que ocupó por más de treinta años y que había construido junto a su familia. La justicia peruana puso en remate su casa por esta deuda. Y una orden judicial ordenó el desalojo. Los policías hicieron uso desproporcionado de la fuerza e inapropiado de sus armas provocando heridos y la muerte de Fidel Flores Vásquez, padre de familia de 7 hijos. La muerte de este civil asesinado por un efectivo policial puede quedar impune.
El tema de los desalojos refleja parte de los casos de corrupción en el Poder Judicial. "Hay que poner mucho ojo en como se realizan estos procedimientos. Se denuncia que hay una red de corrupción relacionado a quienes adquieren esos bienes en remate. La población no se entera de eso. Antes de que se ejecute el desalojo en el que murió, Fidel Flores denunció que la persona que había adquirido ese bien, tenía malos antecedentes", afirma la abogada Mirtha Vásquez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En el video que mostramos a continuación, se puede apreciar a un grupo de policías coordinando con unos matones con el rostro cubierto el ataque a la vivienda de Fidel Flores. "Suban, suban, dale, dale", se oye decir a los efectivos mientras otros disparan bombas lacrimógenas y cartuchos de perdigones.
"En el desalojo, hay un equipo de civiles, delincuentes, que hacen el trabajo de violencia contra la familia. ¿Quién paga a esas personas? Normalmente son los que quieren desalojar. Hay que preguntarnos también, ¿las personas interesadas están pagando por la violencia? Hay evidencias de que aquí hay un tema de corrupción muy profundo", comenta la abogada Vásquez.
Las imágenes también muestran a los policías actuando como si estuvieran en un enfrentamiento, era como un escenario de guerra. Y esto en un desalojo no debe producirse, ya que conforme a ley, la Policía solo debe dar garantías, no debe entrar a la vivienda.
En esta oportunidad, se trató de una persona muerta en un desalojo. Pero antes, ya han fallecido más ciudadanos en Cajamarca a manos de los policías, pero durante protestas contra el proyecto minero Conga. Y estos casos podrían quedar impunes. "Aquí hay un marco legal que permite que la Policía abuse de su poder y use sus armas indiscriminadamente. Además, permite que ellos puedan ser declarados inimputables y no puedan ser juzgados", advierte Vásquez. Por ello, desde la CNDDHH están pidiendo la derogatoria del DL 1095 y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 30151.
"En estos momentos, estamos haciendo coordinaciones con diversos ministerios para ver estos casos. El caso de Fidel Flores no debe quedar en impunidad y debe ser el caso emblemático para que se pueda sancionar ejemplarmente estos hechos. Hasta el momento, son 43 civiles muertos por el accionar policial en el regimen de Humala", señala la abogada.
Además, anunció que la CNDDHH enviará un informe sobre estos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, el Estado peruano deberá rendir cuentas por estos casos. "No se puede abusar de las normas legales, del poder del Estado y de las fuerzas del orden para atentar contra los derechos fundamentales", afirma Vásquez.
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