A mediados de octubre pasado el gobierno catalán parecía rendirse frente al Tribunal Constitucional de España: “No se realizará la consulta soberanista del 9 de noviembre”, había declarado cabizbajo Artur Más, presidente del gobierno de Cataluña. Pero los catalanes -especialmente los miembros de la Izquierda Republicana de Cataluña, principales impulsores de la idea independentista- no se quedaron conformes.
catalanes celebran la convocatoria soberana/ foto: la vanguardia
Todo empezó en marzo del 2013, cuando el TC de España impugnó la resolución del parlamento de Cataluña, por la cual se aprobaría la Declaración de Soberanía y Derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Desde entonces, el gobierno catalán empezó a buscar formas de llevar a cabo la consulta popular soberanista, planificada para el 9 de noviembre del 2014.
Para ello buscó ampararse en los artículos de la ley que no hayan sido prohibidos por el Tribunal Constitucional. Pero eso fue imposible. El pasado 29 de setiembre, las autoridades españolas declararon ilegal cualquier intento de votación.
Pese a esto, el Gobierno de la Generalitat ha decidido seguir adelante. Hoy anunció a la prensa que Cataluña llevará a cabo la consulta no oficial el 9 de noviembre sí o sí. Según Frances Homs, consejero catalán de la presidencia, el plan es, antes que ir contra la ley española, apelar al derecho según el cual un Estado democrático no puede negarles a sus ciudadanos la “participación, libertad de expresión y libertad ideológica”.
Por ese motivo, el Ejecutivo de Cataluña interpuso una demanda contra el gobierno español por negarles el derecho a la participación ciudadana.
LA NEGATIVA CONTINÚA
tribunal constitucional de españa negó por segunda vez la consulta soberanista/ foto: efe
Automáticamente, el Gobierno central de España ha decidido impugnar la denuncia del Ejecutivo catalán; además, ha optado por suspender cautelarmente la nueva consulta soberanista del 9 de noviembre por segunda vez.
Las autoridades catalanas indican que seguirán pese a todo. Además, recalcaron que estas negativas por parte del gobierno central no solo afectan esta consulta, sino todos los actos organizados por el Gobierno catalán relativos al proceso de participación ciudadana.
(foto de portada: Cecilia Guardati)
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