Disparos directos al cuerpo, patadas a personas en el suelo e insultos. Así actúa un sector de la Policía Nacional del Perú. Parecen entrenados para actuar de esa forma. Y es que lo que hemos visto en el brutal ataque policial a Fidel Flores Vásquez y a su familia no es un hecho aislado. Lamentablemente, en Cajamarca, los policías suelen comportarse como matones armados. Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hace un recuento de hechos similares.
1) La represión para controlar la protesta social en la zona de El Perol (noviembre 2011) que dejaron varios heridos y uno parapléjico, Elmer Campos, quien a la fecha no ha recibido ni reparación y la denuncia por este caso fue archivada (la CNDDHH puso recurso de queja y está ahora en Fiscalía de Celendín).
2) Los intentos de desalojo de la familia Chaupe (agosto del 2011) que terminaron con Jhilda Chaupe (16 años) desmayada en su terreno por un culatazo de AKM, golpes a Máxima Acuña de Chaupe y a su esposo Jaime, se archivó la denuncia presentada en Sorochuco y ellos están sentenciados a 2 años de prisión suspendida por usurpación.
3) Los golpes a las abogadas Genoveva Gómez (Defensoría del Pueblo) y Amparo Abanto (CNDDHH) en la Comisaría de Cajamarca cuando asistían a un grupo de personas detenidas (junio 2012)
4) Golpes y torturas a Lizeth Vásquez Vásquez (17 años) que, paradójicamente, fue denuncia por la PNP por desacato a la autoridad (julio 2012).
5) La muerte de 4 personas en Celendín (3 de julio de 2012) y 1 en Bambamarca (4 de julio, durante estado de emergencia), la primera denuncia fue archivada por el fiscal y se presentó otra queja.
6) El arresto arbitrario, ilegal y brutal de Marco Arana (4 de julio 2012).
7) La brutal detención de cinco ronderos en Cajamarca (octubre de 2014) que estaban interviniendo un “centro de entretenimiento” ilegal que era administrado por la esposa de un policía.
El uso de la fuerza de policías y militares está regulado en la Ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095. La primera exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden que, en uso de sus armas, causen lesiones o muerte. La segunda regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Silva Santisteban señala que "la CNDDHH ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el D. Leg. 1095".
Por un lado, vemos la brutalidad de policías en el manejo de conflictos sociales contra manifestantes y hasta en un desalojo contra una familia. Las peores consecuencias son las muertes de personas en una situación de fuerzas desproporcionada. Por otro lado, hay leyes que darían impunidad a los efectivos que provoquen muerte de civiles. Esta condición blinda a los policías y militares quienes concentran más poder y actúan como hemos visto en las imágenes: disparando y golpeando contra personas que no necesariamente son una amenaza para ellos.
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