Pese al revés que supuso su frustrado debate en la Comisión de Justicia del Congreso, el proyecto de Unión Civil No Matrimonial para personas del mismo sexo ha sido respaldado por diversas instituciones desde su presentación en setiembre de 2013, lo que se ha traducido en un creciente apoyo de un gran sector de la población que empieza a entender que este tema no afecta ni a la familia, ni el matrimonio entre heterosexuales.
A través de un documento elaborado por la Dra Rita Figueroa, Fiscal Superior de la 2da Fiscalía Superior de Familia de Lima y remitido al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Juan Carlos Eguren, a través de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, se insta al Estado a garantizar los derechos de todas las personas gays, lesbianas, trans, así como adoptar políticas públicas a su favor. Entre estas, claro está, se encuentra la Unión Civil.
"Urge que nuestra legislación regule las uniones de personas del mismo sexo, desde que la existencia de este tipo de parejas sentimentales es una realidad que no puede ser invisibilizada"
El texto señala también que todo tipo de iniciativas legislativas referidas a esta población, deben buscar que la discriminación sea erradicada.
"Las propuestas legislativas que se plantean deberían estar orientadas a prohibir la discriminación por identidad de género y orientación sexual; máxime, si la desprotección de tales personas restringe su capacidad de libre autodeterminación y afecta por tanto sus derechos, entre ellos, el proyecto de vida"
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Asimismo, que la decisión de dos personas de unirse civilmente no tiene por qué afectar a terceros, menos aún cuando el supuesto daño se basa en argumentos derivados de la religión.
"No cabe pues afirmar que la decisión libre y voluntaria de dos personas del mismo sexo de celebrar una unión civil no matrimonial, afecta derechos de terceros, tomando en consideración que una parte de nuestra sociedad estima tal hecho como inmoral o contra la religión, pues para arribar a tal apreciación tendría que acreditarse que la citada unión atenta contra los derechos de los opositores, como por ejemplo el proyecto de vida de estos, o en todo caso, contra el orden constitucional"
Con esta opinión técnica favorable, la Fiscalía de la Nación se suma a instituciones que ya se han mostrado de acuerdo, como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Naciones Unidas en el Perú, entre otras.
Aquí el documento completo:
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