Tenía apenas 24 años cuando entró en aquella comisaría de Huanta, Ayacucho, de la cual nunca más se le vio salir. Luego de 30 años, los familiares de Jaime Ayala continúan esperando una respuesta del Estado.

"Tantos gobiernos que han pasado, porque esto sucedió durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, no han hecho nada para que se castigue a los culpables. Lo que se está haciendo es apoyar a los asesinos de mi esposo", cuestionó Rosa Luz Pallquila, viuda de Jaime Ayala.

Esta mañana, se llevó a cabo un plantón frente a la sede de la Sala Penal Nacional, en el Centro de Lima. Hasta este lugar, llegaron Rosa Luz Pallquila, familiares y amigos de Ayala, representantes de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pretendían hacer llegar un memorial al presidente de la Sala Penal, en el que exigen justicia. Sin embargo, este documento no fue recibido por formalismos de redacción. Está previsto que este 5 de agosto sea entregado tras corregir las observaciones.

El presidente de la ANP, Roberto Mejía Alarcón, manifestó su preocupación por las "demoras excesivas que en el Poder Judicial" que se están dando para resolver estos casos.

"En tanto no haya una recta administración de justicia, este país continuará en una situación muy difícil, porque eso significaría que los crímenes cuando hay poder político o poder económico, no se sancionan", dijo.

Por su parte, la representante de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), Jo-Marie Burt, consideró que en el Perú hay "una tendencia al olvido" para confrontar las graves violaciones de los derechos humanos que se vivió durante el conflicto armado interno, especialmente aquellas "violaciones cometidas por el Estado".

Los hechos

El 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República, ingresó a la base de la Marina de Huanta a preguntar por qué habían allanado la casa de sus padres el día anterior, desde ese día nunca más se supo de él.

Desde el 2001, debido a un acuerdo de Solución Amistosa entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Peruano, el caso se encuentra en investigación ante la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. Sus familiares cuestionan la lentitud del proceso.

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