A dos meses del proceso de votación, haremos un repaso del contexto actual de las empresas encuestadoras registradas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Cómo levantan información y cómo efectúan sondeos de intención de votos, tanto en Lima como en otras ciudades y regiones. Asimismo, veremos el papel del JNE en la inspección de las encuestadoras.  

LAS CANCELADAS

De acuerdo a información referida al 11 de julio del presente año, el JNE tiene 168 organizaciones inscritas en su Registro Electoral de Encuestadoras.

De este universo, 61 empresas tienen un estatus de “canceladas” representando el 36% del total. El 61% de las encuestadoras sin permiso por parte del JNE, ubican su ámbito de operaciones fuera de la capital.

A propósito de la cancelación de estas empresas de investigación y las razones por las que el JNE les baja el dedo, Guillermo Loli, Gerente de Estudios de Opinión de Ipsos dijo: “No dudo que algunas de las encuestadoras (regionales) hagan un trabajo serio y que cumplan con la metodología mínima, pero habría que ver quiénes no lo hacen, qué requisitos incumplen y por qué”.

De acuerdo a Loli, existen razones estructurales que obligan a la supresión de determinadas encuestadoras, pero también hay factores vinculados a la naturaleza de su labor.

“El trabajo de la mayoría de estas empresas tiene estándares de calidad bajos. Por ejemplo, hacen encuestas en la vía pública y eso es un error porque no representa una muestra probabilística seria: es incorrecto para (medir) una intención de voto”, expone Loli.

Loli hace referencia a la falta de competitividad entre una empresa encuestadora capitalina y los costos en que ésta incurre al levantar información fuera de la capital respecto a una firma de investigación no asentada en Lima; graficó la comparación mencionando que –en las regiones- dos profesores de estadística pueden montar una encuestadora con una metodología muy limitada en contenido y fortaleza poblacional. “De lo que se trata es de abaratar costos: cantidad por calidad, porque hay demasiada ligereza en el muestreo o marco muestral y porque sus mapas muestrales andan desactualizados”, afirma el especialista de Ipsos. Lo mismo –de acuerdo al experto- ocurre en Lima con algunas encuestadoras respecto a su mapeo poblacional y la seriedad del trabajo: “No es lo mismo Lima en el año 2014, que Lima hace unos años” dice. En su opinión, las poblaciones avanzan con el tiempo, se mueven, se mudan; hay que medirlas de acuerdo a un marco temporal que se va transformando en el tiempo y eso conlleva una inversión importante en “mapas muestrales”, contratar encuestadores, capacitadores, contar con una logística mínima y una infraestructura traducida en modernos equipos que procese la data recabada.

Falta de metodologías adecuadas, estándares de calidad, logística y razones coyunturales motivarían la cancelación, de acuerdo al especialista.

Por su parte, Gabriel Tincopa Director de Proyectos de Millward Brown Perú y docente en Investigación de Mercados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas está de acuerdo con Loli respecto al probable enfoque de trabajo que asumen las encuestadoras en su tramo informal y el estatus de cancelación que detentan algunas. “No sólo no cubren requisitos mínimos de seriedad técnica, tampoco se acercan a un mínimo de control de calidad”, aclara Tincopa. “El tema de trabajar en investigación, opinión y mercado es costoso; pero para algunas de estas organizaciones de lo que se trata es de abaratar costos porque es un negocio”, añade Tincopa. “Fuera de Lima, no existe capacitación de encuestadores, no hay certificación de éstos, contratan a familiares o espontáneos; esto, unido a un marco muestral mal mapeado, pobre expertise técnico, carencia de un software poderoso que procese la data, entre otros factores, provocan que el servicio tenga que ser objetado”, explica. Tincopa menciona que el escaso poder de investigación, donde prima un criterio de costos bajos colgado a un mal servicio, es un detonante para dar de baja a las encuestadoras.

JNE: ¿CON PODER DE FISCALIZACIÓN?

A propósito de la capacidad de intervención y de seguimiento en el control de calidad de las encuestadoras por parte del JNE, Hernán Chaparro Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim) menciona: “…dentro de Apeim –que agrupa a 17 empresas-, los asociados  tienen instalaciones mínimas, personal, infraestructura, un marco muestral serio, capacidades técnicas, códigos de ética, un (profesional) estadístico colegiado, entre otros… No vemos que eso esté presente (con celo) en el JNE. En el caso del Jurado, los requisitos son más laxos respecto a los de Apeim”.

De acuerdo al directivo de la agremiación, el JNE obliga a quien realiza una encuesta a enviar la información levantada en un máximo de tres días. Otro tanto, el ente electoral realiza dos funciones: monitoreo o seguimiento de las publicaciones y análisis de la base de datos usada para la reunión de la data. No obstante a estas acciones, Chaparro aclara: “Pero, las encuestadoras informales –no todas- no poseen publicaciones regulares de sus investigaciones, por tanto, es complejo confiar en éstas”. De acuerdo a Chaparro, esto restaría poder de fiscalización al ente electoral pues el JNE no puede realizar un seguimiento recurrente respecto a la validez del trabajo de determinadas encuestadoras. “En la práctica, lo que ocurre es que las encuestadoras fuera de Lima están mal reguladas”, concluye.

Por su parte, Guillermo Loli opina que sí es válido que el Jurado ejerza un rol de árbitro en la industria del levantamiento de información, sobre todo de sondeo electoral. Pero también reconoce que el JNE “actúa sobre lo publicado” y esto resta confiabilidad de la encuesta realizada por la firma sobre el proceso previo que tiene que ver con la metodología, espacios muestrales y logística de la encuesta. Como Chaparro, Loli está de acuerdo en que si no existe recurrencia en publicar resultados de investigaciones, la capacidad de comprobación con relación a la validez del trabajo previo de las encuestadoras por el ente electoral es prácticamente nula. El mensaje –para Loli- es ¿si la encuestadora no publica nada, qué va a fiscalizar entonces el JNE? ¿Los resultados? ¿Y el estudio que precedió al sondeo?

Para completar lo mencionado antes por los especialistas citados, Tincopa a su vez aclara: “Yo creo que el Jurado no tiene poder (de fiscalización de las encuestadoras provinciales)… poco o nada fiscaliza. En Lima la ‘cultura’ de fiscalizar las encuestas se inició después del Gobierno de Fujimori…por tanto es reciente, falta mucho”.

ACTIVACIÓN ELECTORAL EN MODO 'MAGALY MEDINA'

Para Gabriel Tincopa, como todo negocio que se abre en época de alza de demanda, las encuestadoras, sobre todo las informales, se vuelven más dinámicas. "Es un negocio que surge de la ‘magalización’ de la política”, explica a propósito de las encuestas poco transparentes que ‘favorecen’ a candidatos provinciales.

Loli, por su lado, añade respecto a las elecciones regionales y municipales del presente año, donde se han presentado -de acuerdo al JNE- 1,863 aspirantes a puestos ediles y provinciales: “Existen muchos candidatos y cada uno busca ‘su número’ (porcentaje en el sondeo); existen candidatos que dentro de su plan de trabajo incluyen encuestas hechas a medida”. Respecto a la aparición espontánea de encuestadoras informales, Loli comenta: “…yo creo que puede haber un sector que aparece como ave peregrina”. 

Es decir, como afirma Chaparro, “son instituciones que se activan en coyunturas electorales”. Para el Presidente del Apeim, las encuestadoras que aparecen en estación electoral "venden la posición en el resultado de la encuesta porque se cree que ésta va a tener un impacto ‘influenciable’ sobre los electores, pero eso es un error que detectamos –por ejemplo- en el proceso de revocatoria del 2013”, donde Villarán tenía, pocos meses antes de la votación, pocas posibilidades, pero éstas se revirtieron en semanas. “Si las encuestas influenciarán de alguna manera en el votante, Mario Vargas Llosa hubiera ganado en el 90”, explica el agremiado. 

Para completar lo anterior, de acuerdo a lo que nos explica Tincopa, las encuestas que aparecen en temporada electoral y que ajustan cifras y estimados en amagues poco transparentes no tienen ningún poder de manipulación; según él, no siempre funciona la maniobra forzada -a favor de determinado candidato- de números, porcentajes y datos.

En función a lo que nos refiere el docente, existen variables exógenas que escapan al estimado estadístico y que no se pueden medir y menos diversificar. “La ‘magalización’ de la política nos muestra casos como, precisamente, el de las últimas elecciones municipales en la capital, cuando, días antes de la votación por la vacancia de la alcaldía, aparecieron audios donde se escuchaba a Castañeda hablando mal del promotor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez. Lourdes Flores y los ‘potoaudios’ fue otro caso”, menciona Tincopa.

Para el especialista de nada sirve, entonces, amañar las cifras proyectadas para favorecer la plaza de un aspirante pues el voto puede estar sustentado no por un tema técnico sino por un tramo subjetivo que se decide en la fila, antes de ingresar a la mesa de votación. Tincopa nos dice que “votar a ganador”, no funciona en muchos casos porque los niveles de información válida y con poder consciente de decisión suelen ser muy malos en las personas.

EL DESMENTIDO

Durante la presente etapa pre electoral, Guillermo Loli –en el último mes- ya ha salido a desmentir dos sondeos de opinión que fueron achacados a Ipsos, uno en Huancavelica y otro en Cajamarca.

“Agarran mi logo (de Ipsos), volantean la encuesta y los candidatos contrincantes me piden que desmienta…así es en provincias y seguramente, a medida que nos acerquemos a octubre, habrán más desmentidos… así es en época electoral”, explica Loli.

A propósito de lo dicho por Loli, aquí un vídeo del año 2010, donde Fernando Tuesta Soldevilla -por ese entonces Director de la empresa encuestadora IOP-PUCP- explica la falsificación de un sondeo 'supuestamente' realizado por la mencionada firma:

Loli comenta que durante la llamada ‘veda’ de publicaciones de encuestas, período normado por el JNE donde se prohíbe la difusión mediática de sondeos, la firma ha detectado encuestas ‘suyas’ publicadas y distribuidas, ya sean en físico o vía mail. “En la última revocatoria, yo he visto encuestas impresas con mi logo durante la veda”, señala el alto funcionario de Ipsos. También explica que el control de estas publicaciones apócrifas es complejo en Lima. No hay que imaginar por tanto cómo es en otras ciudades del país.

“De hecho hay encuestadoras que aparecen y desparecen en épocas electorales”, afirma Loli. Y esto, provoca -según el especialista- sondeos falsos.

MÁS SABE EL DIABLO…

Se desprende por lo mencionado por los especialistas, que en la industria de los sondeos de opinión y estimación de intención electoral, el tiempo de la firma en la industria es clave. No sólo por la formalidad e infraestructura que le otorga un espacio o marco muestral confiable, sino por la imagen de continuidad en estudios de investigación y publicaciones estadísticas, así no sean de preferencias electorales sino de opinión y mercado.

“En la continuidad en el tiempo eres más confiable, porque (como encuestadora) no puedes activarte sólo en periodos electorales”, afirma Chaparro de Apeim.

De lo dicho por el presidente de la agremiación, la pregunta que queda para la reflexión y dirigida al lector (y votante) es: ¿En quién crees más? ¿En una encuestadora que lleva sus buenos kilómetros recorridos o en una nueva que sólo aparece en estación electoral?

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