El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, asegura en información que publica hoy La República que si la nueva Ley Universitaria, aprobada esta semana, se aplicase desde hoy, más de cuarenta universidades deberían clausurarse por no cumplir con los requisitos mínimos que exigen una infraestructura adecuada y segura y la excelencia académica. 

Esto sucedería porque, una vez promulgada la Ley Universitaria, se creará la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), que absorberá las atribuciones de la Asamblea Naciona de Rectores (ANR) y de la CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades). Es decir, la Sunedu fiscalizará, supervisará, normará y aprobará o denegará el funcionamiento de las casas de estudio. Este organismo, además, estará adscrito al Ministerio de Educación, con lo que adquiere mayor poder. 

Por esos motivos, el ex presidente de la ANR y rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez, la Sunedu tiene demasiada autoridad. “(...) Por las atribuciones que (la Sunedu) tiene se reserva la última palabra sobre las decisiones de cada universidad. Tiene facultades coactivas no solo de fiscalización y supervisión, sino que tiene la atribución de cancelar autorizaciones”, dijo Rodríguez. Y anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad amparándose en el punto de la vulneración de la autonomía al afectar el sistema de votación por el cual eran elegidos los rectores y vicerrectores. 

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, asegura por su parte que no existe inconstitucionalidad en la creación de este ente rector. 

El ex ministro de Educación, Nicolás Lynch, también aprueba la aparición de la Sunedu. “El hecho de que haya un ente regulador es una buena idea. La ANR es obsoleta, en todos los países del mundo hay organismos reguladores. (...) Aunque la ley no es perfecta sí representa avances significativos”, asegura Lynch. 

Según Mora, más de cuarenta universidades deberían cerrarse por no cumplir los requisitos mínimos de excelencia académica e infraestructura. Un gran porcentaje de las universidades peruanas funciona en Lima, en galpones y edificaciones que fueron construidas para viviendas u oficinas. Y otras sirven para lanzar a la política a personajes como César Acuña, que afirma orgulloso que no lee nunca. La pregunta tal vez sería: ¿es justo para los jóvenes pagar universidades que funcionan de manera tan informal?

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