El 11 de junio el diario El Comercio informó sobre el supuesto hallazgo en Junín de una fosa conteniendo los restos de hasta 800 víctimas. Se trataría de nativos amazónicos asesinados por Sendero Luminoso en los años 80.  

El mismo día el portal SpacioLibre reportó irregularidades en la información de El Comercio, citando fuentes del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Luego, la Presidencia del Consejo de Ministros hizo otro desmentido a la información dada por El Comercio; según la PCM, el principal informante en el que se basó ese diario no trabajaba para ellos, contra lo que se dijo en la nota original, ni para el Congreso de la República.

En LaMula nos preguntamos quién desinforma sobre la mayor fosa común hallada en Perú y qué hay detrás de este falso hallazgo. Si bien no sabemos las razones por las que El Comercio dio crédito a información tan dudosa sobre un tema tan delicado, sí está claro que hay interesados en sacar algún tipo de provecho de la "noticia". Para empezar, el fujimorismo, siempre dispuesto a cualquier hecho que implique desprestigiar a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

Hoy 16 de junio el Equipo Peruano de antropología forense ha emitido el pronunciamiento 'Ante las exhumaciones de Pangoa', que en cuatro puntos presenta la posición institucional sobre las noticias relativas a la fosa, y recuerda la urgencia de implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

A continuación, el pronunciamiento de EPAF:

Frente a las diversas noticias que han circulado durante los últimos días, referidas al hallazgo y exhumación de sitios clandestinos de entierro conteniendo restos humanos en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) considera su deber dirigirse a la opinión pública nacional e internacional y pronunciarse en el siguiente sentido:

1. Recordamos a las autoridades que la búsqueda, exhumación, identificación y restitución de los restos de las víctimas del conflicto armado interno le corresponde al Estado peruano, no sólo por un tema de responsabilidad histórica y de compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional, sino porque el marco legal existente restringe seriamente la participación de la sociedad civil en estas labores.

2. Reiteramos al Estado y a la ciudadanía nuestra permanente disposición a brindar colaboración especializada en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, como lo hemos hecho desde nuestra fundación en el año 2001.

3. Advertimos al Estado, a la ciudadanía y especialmente a los medios de comunicación que las investigaciones forenses, como cualquier labor científica especializada, requieren de un ambiente libre de contaminación e interferencias. Realizar o instigar a la realización de exhumaciones informales e improvisadas sólo contribuye a destruir de manera irreparable evidencias penales, impidiendo la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.

4. Reconocemos el derecho al entierro digno de todas las víctimas y la necesidad de cerrar el duelo de sus familiares. La urgencia de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una de las varias recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que nunca fueron implementadas, no puede ni debe seguir postergándose. El olvido es también una forma atroz de injusticia.

Lima, 16 de junio del 2014.