Carlos Gálvez se hizo conocido hace semanas por sus polémicas declaraciones sobre la consulta previa. Él, gerente de Finanzas de Minas Buenaventura, afirmó que el problema para los empresarios es que "cualquiera que se pone una pluma" ya tiene derecho a ser consultado.

Estas afirmaciones lo presentaron como un funcionario que ignora los derechos indígenas o, en todo caso, los desprecia. Gálvez no tomó en cuenta el Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, y tampoco la Ley N° 29785, en la cual se establecen los criterios para reconocer a los pueblos indígenas. Desde el Estado, el ministro del Ambiente y la viceministra de Interculturalidad han brindado entrevistas aclarando el tema de la consulta previa ante el temor de los empresarios.

Si pensamos que la declaración sobre plumas y consulta previa era el indicador más grave del pensamiento de algunos representantes del sector minero, nos equivocamos. La noche del 9 de junio, Gálvez fue entrevistado por Enrique Pasquel en el programa Rumbo Económico de Canal N. Lo esperable era que el funcionario de Minas Buenaventura explique su polémica declaración o calme un poco el asunto. Sin embargo, fue peor.

Se quejó de que las consultas se realicen posteriormente a la inversión de la empresa privada. "Creo que quien debe hacer la consulta es el Estado para que se defina de antemano a dónde se debe realizar qué tipo de actividad y no cuando uno ya tiene un proyecto y una inversión, y en el fondo se trata de ya pusiste tu dinero, ahora te extorsiono de aquí en adelante", dijo. Es decir, para el funcionario minero, el reclamo de las comunidades indígenas sobre el respeto de sus derechos es una "extorsión".

"Existe una comunidad en Huancavelica, la comunidad de Santa Bárbara, por el nombre ya sabemos que no lo es [indígena]. En Cerro de Pasco, tenemos a la comunidad Smelter, que seguramente es de Inglaterra, porque por el nombre no creo que sea originaria. Sin embargo, se está pidiendo el estudio para que se determine si son o no sujetos de consulta. Esto es lo que no está bien", afirmó. Ante los cuestionamientos de Pasquel, insistió en su posición y dijo no ser tan radical como Roque Benavides.

Con estas declaraciones, Gálvez no hace otra cosa que empeorar su imagen como "especialista" en comunidades y consulta previa. Debería tomar en cuenta que Santa Bárbara es una comunidad campesina. En 1564, se descubrió la mina del mismo nombre y fue una de las fuentes de riquezas durante la Colonia española. Como consecuencia, la población de la zona sufrió explotación. Como cita la Municipalidad de Huancavelica, "en pocas décadas, más de 7000 de los hombres obligados a trabajar dentro de la mina perdieron la vida por accidentes y enfermedades relacionadas a la exposición al azogue en “la mina de la muerte (Lohmann 1998)".

Además, esta comunidad también se vio afectada por la violencia durante el conflicto armado interno. "La huella en la memoria colectiva de Santa Bárbara que dejó estos largos años de extrema violencia y terror cotidianos se registró claramente, y aún se vive el impacto en la forma como se van tejiendo los hilos de la identidad. Después de conocer a algunos comuneros por más de cuatro años, cuando recién empezamos a conversar de manera explícita de la violencia y su impacto en su vida, me sorprendió la preponderancia de narrativas que señalaban la crueldad de las Fuerzas Armadas", señala Alejandro Farrell.

Estas son solo algunas consideraciones que no toma en cuenta, ignora o desprecia el Gerente de Finanzas de Minas Buenaventura, una de las principales compañías de la industria extractiva en el Perú.

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