El miércoles, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, afirmó que el Ministerio Público está evaluando la posibilidad de solicitar al Poder Judicial la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por presuntas irregularidades en su gestión.

Esto ha sido tomado como una amenaza por la autoridad regional cajamarquina. Y ha respondido. En entrevista al diario La República, Santos dijo que el mandatario Ollanta Humala intenta sacarlo de la carrera electoral, en Cajamarca, y que pretende 'dar un golpe de Estado a la regionalización'.

“Es un fiscal que empieza mal, metiendo la pata por el principio de independencia de respeto al debido proceso. No puede adelantar opiniones, se reúne con los activistas de la minera Yanacocha, la Cámara de Comercio y delincuentes de los ronderos y después pretendería dar órdenes a los fiscales”, afirmó Santos.

Además, dijo que Ollanta Humala ha cambiado su plan de la Gran Transformación por el programa de la "destrucción de la regionalización". "Y la corrupción y mafia de los ministerios, la disputa por el control de los presupuestos públicos han gritado desde Lima: los ladrones están en las regiones, en los municipios, vayan allá, acá los centralistas son pulcros. No me voy a fugar, aquí estoy para responder a la justicia”, agregó.

Previamente, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, afirmó que no había presión política para investigar a las autoridades regionales. "En este país se respeta la separación de poderes y funciones. La procuraduría pública puede armar un caso y presentarlo a modo de solicitud ante la Fiscalía”, afirmó.

En el caso de Cajamarca, a mediados de mayo, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación preparatoria contra Santos, funcionarios y contratistas.

El caso es sobre presuntos delitos de colusión agravada y simple, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y genérico, y falsa declaración en procedimiento administrativo. Además, denunciaron la existencia de una indebida concertación entre autoridades y funcionarios públicos del gobierno regional con empresarios que han sido públicamente denunciados por defraudar patrimonialmente al Estado.

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