En enero se produjo una escena repetida en los últimos dos años. Carmen Masías, la hasta ayer jefe de Devida—la institución encargada de diseñar y conducir las políticas contra las drogas en el país—, anunciaba ante corresponsales extranjeros que este 2014, de todas maneras, se iniciaría la erradicación de los cultivos de hoja de coca en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El anuncio de Masías era un calco de lo que un año antes había prometido frente a los mismos periodistas.  

Masías, una doctora en sicología que fue subdirectora de Cedro, conducía Devida desde principios del 2012, con la erradicación de los cocales como estrategia principal. La convicción de Masías de que la erradicación de los cultivos de hoja de coca era el camino correcto llevó a la institución a alcanzar cifras récord en los últimos dos años, superando incluso las metas que se habían propuesto.

En el 2012, se erradicaron 14.234 hectáreas de cocales y al cierre del año pasado la cifra había trepado a 23.947 hectáreas, un cifra histórica que pintaba bien frente a ranking alarmantes que situaban al Perú como el primer producto de hoja de coca del mundo y presumiblemente el primer exportador de cocaína.

Dentro de plan de Masías era clave ingresar al VRAEM, este valle ubicado en el sudeste de Perú que compromete territorios de las regiones Cusco, Junín, Ayacucho y Huancavelica. De hecho, para este año, la institución junto con el Ministerio del Interior se había impuesto la meta de erradicar 30 mil hectáreas de cocales, y para alcanzar dicha cifra era inexorable entrar a erradicar parte de las 20 mil hectáreas que se cultivan en el VRAEM.

Pero, ¿por qué tanto en el 2013 como en los primeros cinco meses de este año le había sido imposible a Devida incursionar en el VRAEM? Siendo estos valles una zona dominada por remanentes terroristas de Sendero Luminoso —el clan Quispe Palomino lidera en la zona— se debía hilar fino y Devida necesitaba del apoyo del Ejército.

Sin embargo, algunas voces al interior del Ejército, así como algunos funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente de Humala, no estaban de acuerdo con la erradicación forzosa en el VRAEM, por las consecuencias negativas que acarrearía en la lucha contra los remanentes de Sendero en la zona.

En cambio, para Masías una incursión en el VRAEM—donde en una hectárea existen 120 mil plantas de coca, es decir 80 mil más que en el Huallaga, otro valle en el que se logró erradicar los cocales— involucraba sobre todo una logística mayor de hombres, más allá de los efectos sobre la lucha contra Sendero.

“Siempre hay que evaluar el costo social, pero no podemos esperar que termine el terrorismo para actuar. Lo mismo se pensó cuando se iba a entrar al Monzón y no hubo mayores incidentes”, señaló a principios de año.

Según informa IDL Reporteros el peligro para las Fuerzas Armadas que operan en la zona residía en perder asentamientos históricamente aliados en la guerra contra Sendero. Según indica un informe de este portal, a principios de año el jefe del CE VRAE, general EP Leonardo Longa, tuvo que abandonar el pueblo de Palmapampa, amenazado por una masa de cocaleros enfurecidos dispuestos a enfrentar la erradicación con la fuerza.

Según el Ejército, como los “Quispe Palomino” han declarado que enfrentarán militarmente la erradicación de cocales, si el gobierno presiona con la erradicación forzada era posible que pueblos como el de Palmapampa, donde se asientan las principales bases antidrogas de la Policía y “desde donde se tenía planeado concentrar los contingentes de erradicadores y las fuerzas destinadas a protegerlos” se unan a Sendero.

“Que los campesinos más cercanamente aliados con el Estado en la lucha contra Sendero hubieran despedido a pedradas a un general del Ejército, resultó una advertencia temprana de lo sangrienta y nociva que podría resultar una campaña de erradicación forzosa de cocales”, señala el informe de IDL Reporteros.

CON OTÁROLA A DEVIDA Y LA NUEVA ESTRATEGIA

En este contexto, de tira y afloja entre Devida que apostaba por la erradicación en el VRAEM y el Ejército contrario a esta estrategia pesó más cambiar la estrategia. Justamente el martes del ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites firmaba un acuerdo con los principales productores cocaleros del Vraem.

El acuerdo consiste en que los productores se comprometen a ser parte del Plan de Desarrollo Productivo del Vraem (Agrovraem) que impulsa el Minagri a cambio el Plan CORAH (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga) no se instalará en Pichari y los productores de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú (Conpaccp) y la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los ríos Apurímac y Ene (FEPAVRAE) “no participarían de acciones de erradicación compulsiva”. (Revise aquí el documento)

Para decirlo con claridad, este acuerdo dejaba sin piso la política de erradicación de la gestión de Masías al frente de Devida, y en efecto el mismo martes por la noche el primer ministro René Cornejo le solicitó a Masías su renuncia al cargo, como ella misma ha confirmado.

Ahora con Alberto Otárola, asesor del presidente Humala y ex ministro de Defensa, al frente de Devida la política sería de apoyar la reconversión productiva de los productores cocaleros en el Vraem. Ayer en el diario El Comercio, el ministro Benites publicó un artículo explicando la estrategia del Agrovraem, cuyo primer objetivo es reconvertir 5 mil hectáreas de cultivo ilícitos como el café, el cacao o las stevia.

“En el marco del Agrovraem se tiene previsto destinar en los próximos seis meses S/. 100 millones para constituir el Centro Regional de Innovación Agroempresarial en la zona y desarrollar actividades que incrementen la capacidad empresarial de los productores, a través de asistencia técnica, financiamiento, capacitación empresarial y semillas certificadas, entre otras. Además, el Minagri ejecutará en el Vraem más de 30 proyectos de infraestructura hídrica del fondo Mi riego con una inversión superior a los S/. 30 millones”, detalló Benites.

ERRADICACIÓN POSTERGADA INDEFINIDAMENTE

La nueva estrategia del Gobierno para la lucha contra el narcotráfico no es tal. De hecho, puede considerarse un regreso a la estrategia inicial del gobierno que había apuntalado Ricardo Soberón, primer jefe de Devida durante la presidencia de Humala. 

En efecto, Soberón era un convencido de que una política basada preponderantemente en la erradicación no era efectiva en la lucha contra el narcotráfico, sino contraproducente. Soberón argumentó siempre que la política de erradicación seguida en los últimos tres gobiernos era precisamente la que llevó al país a convertirse en el primer producto de hoja de coca.

A principios de año declaró que en vez de una erradicación forzada lo que requería el Vraem era acordar con los cocaleros una reducción concertada de las hectáreas de cocales por año, a cambio de proyectos productivos en la zona, puesto que una erradicación de los sembríos sería desconocer la dinámica del narcotráfico y podría poner en contra da los pobladores y servir de combustible a la “sublevación”.

Otro opositor a la política de erradicar sembríos de cocales por la fuerza es el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, un reportero especialista en la cobertura de temas de narcotráfico. Para Gorriti el método de la erradicación forzada ha fracasado y lo más conveniente es la reconversión productiva, en la misma línea que Soberón.

Sin embargo, otros especialistas en temas de narcotráfico como Jaime Antezana no piensan igual. Para el experto es un grave error que el Gobierno no apueste por la erradicación forzada en el Vraem donde se estima que la producción de cocaína asciende entre 156 a 180 toneladas, lo cual convierte a esta zona en “el epicentro del narcotráfico nacional”.

Según Antezama es la táctica del Ejército la errada. Para el especialista ya no se puede hablar de senderistas en el caso el Vraem, sino simplemente de narcotraficantes. “En esta zona ya no se debe aplicar un estrategia militar de lucha contra Sendero, sino una estrategia integral antidrogas que incluya control de insumos químicos, lucha contra el lavado de activos, inteligencia financiera programas de desarrollo social que en parte lo ha habido y erradicación. Las Fuerzas Armadas obviamente no quieren eso puesto que en una nueva estrategia de estas características su rol sería el de colaborar contra el clan narcoterrorista de los Quispe Palomino que tienen experiencia de guerra”, señala.

Recordó que un plan de reconversión productiva se dio también en el gobierno de Alejandro Toledo para el VRAE sin éxito. “¿Qué paso? Poquísimos cocaleros se incorporaron a esos programas. Los cocaleros lo rechazaron y siguieron sembrando coca. Actualmente, los escasos cocaleros que fueron parte de esos programas han vuelto a la coca. La “reconversión productiva” de 5 mil hectáreas de coca, que les ha propuesto el ministro de agricultura, no funcionara. Sera un fracaso. Para algo sirve la experiencia”, dijo.

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