El escenario político se sacudió ayer tras conocerse que Carmen Masías fue revelada de la presidencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) por orden de Palacio (primero se había informado que ella había renunciado). 

Sin duda, la ‘movida’ causó sorpresa porque en ninguna tienda política ni desde el gobierno se había expresado públicamente crítica alguna a su gestión, más bien recibió elogios por hacer su trabajo de erradicación de cultivos de coca sin haber violentado su relación con los campesinos cocaleros. Y además su labor tiene un hecho histórico: disminuyó en 15% del territorio cocalero, alrededor de 48,000 hectáreas, lo que se logró entre los años 2012 y 2013.

Su reemplazante, Alberto Otárola, ex ministro de Defensa y cercano al gobierno, dijo hoy que no ve nada extraño en su designación y más bien remarcó que seguirá con la línea trazada por el gobierno de continuar con las erradicaciones: este año, 30,000 hectáreas, con lo que se mantiene la línea principal esbozada por el gobierno. 

“Este proceso de erradicación debe ir acompañado de políticas de sustitución de cultivos, que demandará la participación del Ministerio de Agricultura. Lo que haremos es interdicción con reconversión productiva; en el VRAEM se ha avanzado mucho con la presencia de la Policía y del Ejército para combatir el narcotráfico, pero es necesario complementarla con los programas que el Estado proponga para sustituir los cultivos”, enfatizó el ahora responsable de Devida.

¿Por qué esta salida tan abrupta de alguien que estaba haciendo una labor exitosa? Sus números son favorables, sus vallas eran altas. El año pasado su meta era erradicar 18,000 hectáreas y la superó hasta casi 24,000. ¿Su método pacífico y dialogante iba contra la decisión de parte de Palacio de ejecutar una lucha militar contra los cultivos cocaleros?

A continuación compartimos el informe elaborado por IDL Reporteros sobre este cambio ‘forzado’.

Un cambio abrupto de estrategia antidrogas

La sorpresiva defenestración de Carmen Masías de la presidencia de Devida señala un importante cambio de estrategia en la lucha antidrogas del gobierno de Ollanta Humala.

Según fuentes bien informadas Masías fue convocada el martes 27 por la noche a la oficina del primer ministro, René Cornejo, quien le comunicó la decisión del Gobierno de pedirle la renuncia inmediata. La noticia tomó totalmente por sorpresa a Masías.

“Te puedo confirmar que ha sido sorpresivo” dijo Yalile Martínez Beltrán, hasta hoy jefa de la oficina de asesores de Masías. “Anoche le piden la renuncia. Entonces ha sido de un momento a otro”.

“Estamos preparando el tema de la transferencias” añadió Martínez Beltrán, en entrevista telefónica a primera hora de la tarde. “Esto ha sido algo imprevisto. Y estamos con todo el trámite. Ya Carmen está entregando el cargo“.

De acuerdo con fuentes presentes, Masías recogió sus documentos y pertenencias personales en Devida, reunió luego al personal y se despidió con un discurso que incluyó la defensa de su gestión y el evidente desagrado por su despido.

Todo indica que la salida de Masías no será silenciosa. Según Martínez Beltrán, “… de hecho que Carmen va atender medios […] cuando esté totalmente liberada saldrá a la prensa”.

Otro que expresó sorpresa fue el general PNP (r) Juan Zárate, jefe del CORAH, la autoridad de erradicación. “Nos hemos sorprendido todos. […] Alguna razón estratégica debe de haber. […] Hubo una reunión ayer a las 9 de la mañana en Devida. Una reunión que tenemos todos los meses sobre los avances de la erradicación. Estuvo personal de la Dirandro, de la Policía Área, Fuerzas Armadas. Ahí no se dijo nada”.

El tema central que, luego de una fuerte discusión dentro del Gobierno, determinó la salida de Masías, fue si ejecutar o no el agresivo programa de erradicación forzosa de cocales en el VRAE que la presidenta de Devida había planeado iniciar pronto. 

Dicho programa suscitó críticas y reservas desde la sociedad civil y luego dentro del propio gobierno. (el director de IDL-R, Gustavo Gorriti, escribió varios artículos de opinión decididamente opuestos a la iniciativa de erradicación forzosa).

Dentro del gobierno peruano, varios funcionarios de alto nivel, vinculados con el área de seguridad, especialmente con las acciones contrainsurgentes en el VRAE, manifestaron su oposición a la erradicación forzada y advirtieron sobre las peligrosas consecuencias que ello podría tener en la lucha contra el Sendero del VRAE.

La advertencia de lo que podía suceder se dio a comienzos del año, cuando el jefe del CE VRAE, general EP Leonardo Longa, tuvo que abandonar apuradamente el pueblo de Palmapampa, rodeado por una masa de cocaleros enfurecidos y crecientemente violentos, que protestaban por la inminente erradicación y amenazaban con enfrentarla a la fuerza.

El incidente fue doblemente preocupante por cuanto Palmapamapa fue históricamente uno de los reductos principales de la lucha campesina contra Sendero en las décadas de 1980 y 1990 del siglo pasado. Entonces y después, los DECAS de la zona fueron sólidos aliados de la FFAA. 

También es el lugar donde está una de las principales bases antidrogas de la Policía y desde donde se tenía planeado concentrar los contingentes de erradicadores y las fuerzas destinadas a protegerlos.

Que los campesinos más cercanamente aliados con el Estado en la lucha contra Sendero hubieran despedido a pedradas a un general del Ejército, resultó una advertencia temprana de lo sangrienta y nociva que podría resultar una campaña de erradicación forzosa de cocales.

El SL de los Quispe Palomino había declarado su decisión de enfrentar militarmente la erradicación de cocales. De ahí a que la comunidad de intereses llevara a una reconciliación con sus enemigos históricos de Palmapampa y Pichiwillca, había apenas un paso.

Pero, aunque no ocurriera una alianza, previamente impensable, entre los DECAS y SL-VRAE, la fractura de confianza entre las fuerzas de seguridad y los campesinos hubiera significado un retroceso considerable.

En medio de discusiones internas y debates en algún momento ásperos, el presidente Humala tomó, hace pocas semanas, la decisión de diseñar una nueva estrategia.

El primer paso de su aplicación fue bajar la tensión con los campesinos y hacerles saber que el énfasis del gobierno no es la erradicación sino el desarrollo legal.

El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, quedó a cargo de restablecer el diálogo con los campesinos del VRAE, explicando los cambios en la política antidrogas del Gobierno.

“No he venido a hablar de la erradicación de la coca –dijo Benites en una reunión con cocaleros en el VRAE, hace dos días–, he venido a hablar de desarrollo productivo, que va mucho más allá de este tema. Traemos alternativas para la reconversión productiva en el Vraem para mejorar la calidad de vida de los agricultores de esta zona del Perú”. 

Siempre que hay un cambio de políticas o doctrinas, ocurre un cambio simultáneo de códigos semánticos que lo marcan.

Aquí, la palabra “erradicación” fue sustituida por la de “reconversión” de cultivos: un concepto que engloba la campaña de estímulos, educación, asesoramiento y quizá subsidios que lleve a los cocaleros a cambiar voluntariamente la siembra de cocales por cultivos legales rentables (a condición de lograr productividad y calidad adecuadas) como el cacao, café o la stevia.

Entre tanto, el nuevo presidente ejecutivo de Devida es el ex ministro de Defensa y, hasta ayer, asesor presidencial en seguridad, Alberto Otárola. No está claro si para Otárola el nombramiento representa un progreso o un retroceso burocrático, pero lo que sí es evidente es el interés de Humala en poner a una persona cercana a cargo de esa oficina.

El tercer, y vital, aspecto de la estrategia es el de la lucha contra el crimen organizado de los niveles altos del narcotráfico. La situación actual es crítica, por la proliferación incontrolada de narcovuelos desde Bolivia al VRAE. La ejecución de acciones en este ámbito quedará a cargo de las Fuerzas de Seguridad, coordinadas por el grupo interservicios (Fuerzas Armadas y la PNP) bajo la dirección del viceministro de Defensa, Iván Vega, que responde directamente al presidente Humala en varios aspectos de su trabajo.

De la eficacia o ineficacia del sector de seguridad dependerá en mucho el resultado de las políticas de reconversión de cultivos. Una campaña eficaz de interdicción de narcovuelos tendría un efecto rápido de caída de los precios locales de la coca y la cocaína. Eso serviría como un estímulo rápido a la participación de los agricultores en la sustitución de cocales por cultivos legales.

El principal desafío que tienen ahora, en ese ámbito, las fuerzas de seguridad, es desarrollar una interdicción aérea eficaz, con empleo de radares y aeronaves, pero que – a diferencia de los 90– evite el derribo de narcoavionetas desarmadas.

“Es más costoso, pero es posible” dijo una fuente de las fuerzas de seguridad a IDL-R. La viabilidad o no de esa todavía inexistente estrategia se comprobará en las siguientes semanas tanto en los cielos como en las decenas de pistas clandestinas de aterrizaje desperdigadas en las selvas húmedas, calurosas, frecuentemente letales del VRAE.

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