La implementación de la consulta previa en el Perú es un tema de gran preocupación. No está en las primeras planas, pero es una medida clave, pues en ella se encuentran, y chocan, dos grandes procesos en curso en el Perú: el enorme impulso estatal para facilitar inversiones, en particular extractivas, y la demanda histórica de las comunidades indígenas y originarias, a ser partícipes del desarrollo nacional. 

Aún con la oposición del empresariado y luego del nefasto 'Baguazo' ocurrido durante el gobierno de Alan García, el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa, en 2011.

Para reconocer a los pueblos indígenas, la Ley establece criterios basados en la descendencia de poblaciones originarias y a la permanencia de patrones culturales distintos a los demás sectores de la sociedad. Esto va acompañado de la Base de Datos de Pueblos Indígenas, que actualiza el Ministerio de Cultura, y que se usa como indicador para saber quienes tienen derecho a la consulta. Para sacar adelante estos mecanismos, deben vencerse muchas inercias y resistencias al interior del Estado, y entre los inversionistas que ven en el ejercicio de ciudadanía un riesgo para sus capitales.

Es el caso del gerente de Finanzas de Buenaventura, Carlos Gálvez. En entrevista a Semana Económica, preguntado sobre las "restricciones sociales y ambientales en [actividades en] exploración", dice lo siguiente:

"Cada vez son peores. En el Perú, en particular, además de las expectativas generadas en las comunidades, tenemos la expectativa generada a los ilegales e informales, que pretenden que las empresas formales no puedan explorar y ni operar, para manejar ellos la operación. Simplemente veamos lo que pasó en Tambogrande (Piura): esa es una muestra de lo que se está pretendiendo y lo que se podría replicar. Si además ponemos la consulta previa –que todavía no se ha realizado en actividad minera– a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil".

Así de simple son las cosas para el gerente de Finanzas de una de las principales mineras que opera en el Perú. Minas Buenaventura es accionista de Yanacocha, minera que pretende ejecutar el proyecto minero Conga en Cajamarca, pese a la oposición de un importante sector de la sociedad cajamarquina, y de las rondas campesinas que sostienen que afectaría al sistema hídrico de la zona al desaparecer lagunas naturales y sustituirlas por reservorios artificiales.

El Estado está haciendo un gran esfuerzo en darle forma al derecho de consulta. En particular, toda iniciativa del viceministerio de Interculturalidad está "amarrada" por este tema. Las comunidades potencialmente afectadas por proyectos extractivos luchas por ser reconocidas en los mecanismos formales que prevé el Estado, lo que demanda un gran esfuerzo de organización. Pero el gerente de Finanzas de Buenaventura cree que se trata de "ponerse una pluma". ¿Es esta la "dulzura" para relacionarse de la que habló recién Roque Benavides? ¿Usted qué piensa?

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Roque Benavides: "En la sierra del Perú no existen comunidades indígenas".

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