Veintiséis mil trabajadores del Poder Judicial (PJ) quedarían exonerados de la Ley de Servicio Civil (SERVIR) si se aprueba en el Pleno del Congreso el pre-dictamen que la Comisión de Trabajo consensuó ayer. 

Los trabajadores del PJ no son los primeros ni lo únicos que buscan quedar al margen de la Ley SERVIR. El mismo Tribunal Constitucional (TC) donde se dirimen dos demandas constitucionales contra la norma acusada de vulnerar el derecho a la negociación colectiva, ha elaborado un proyecto para excluirse de los alcances de la Ley SERVIR.

Si ambas instituciones logran su cometido, la reforma más importante de este Gobierno quedarían ostensiblemente debilitada, pues la norma que se aprobó en julio del año pasado ya exoneraba un conjunto de instituciones públicas. 

Entre ellas el propio Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Contraloría General de la República, las empresas del Fonafe, así como los trabajadores de las carreras especiales (diplomáticos, jueces, Policías y Fuerzas Armadas, entre otros).

La Comisión de Trabajo se encuentra elaborando el pre-dictamen a partir del proyecto que presentó el presidente del PJ Enrique Mendoza Ramírez y uno que había preparado el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén. Hoy el documento se enviaría a la relatoría de la Presidencia del Congreso para que la Junta de Portavoces decida cuando incluir el debate en la agenda del Pleno. 

Es presumible  que presionados por la huelga  nacional indefinida que los trabajadores del PJ acatan desde el pasado lunes, cuyo reclamo principal es la exoneración de la Ley SERVIR, el Congreso apure la discusión que podría darse esta semana o a más tardar la siguiente. 

Las múltiples exoneraciones que contempla la Ley SERVIR y que fueron incluidas  a última hora por el propio Congreso cuando aprobó la norma ha sido cuestionada unánimemente por el propio presidente ejecutivo de SERVIR y diversos especialistas. 

Esta vez, el argumento del PJ es el mismo que en su momento expuso el Congreso para quedar fuera de la norma: la autonomía constitucional que se desprende de ser uno de los poderes del Estado.

Sin embargo, el  laboralista del Estudio Payet Germán Lora reafirmó que no existen argumentos técnicos las exoneraciones pues lo que plantea la ley es un régimen laboral uniforme y basado en la meritocracia que no afecta la independencia de poderes.

En este sentido, señaló que tampoco existen argumentos válidos para haber excluido a los trabajadores del Congreso, la Sunat, SBS o Contraloría, excepto sí en el caso de las empresas del Fonafe, puesto que éstas se autogestionan con su propio capital.

"¿A este paso a quién va a regir la Ley Servir? Como no se ha podido derogar la norma, y entonces ahora el mecanismo es excluirse mediante una ley", se pregunta el laboralista. 

En SERVIR prefirieron no opinar sobre el asunto y reiteraron que esperarán la definición final en el Congreso para pronunciarse. Asimismo, reiteraron que el reglamento de la ley continúa revisándose en el comité que conforman el MEF, la secretaría de gestión pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y Servir.