Las críticas y protestas contra la aprobación de la Ley de Servicio Civil (SERVIR) han apuntado principalmente a los puntos referidos a los derechos sindicales -en particular, al alcance de las negociaciones colectivas- y a un sistema de evaluaciones que sirviera de justificación a despidos indiscriminados. Mientras los promotores de la ley intentan despejar estos temores, el propio presidente ejecutivo de SERVIR ha hecho un señalamiento que podría avivar la polémica: su desacuerdo con excluir del régimen a ciertas entidades estatales.

Refrendada por el Presidente Humala el mismo día que la CGTP se movilizaba para presionar en contra, la ley pretende el ordenamiento del sector público y la unificación de los distintos regímenes laborales a que están sujetos los funcionarios. De su aplicación están exonerados el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Contraloría General de la República.

"Nosotros no estamos de acuerdo porque estos servidores no podrán acceder a rangos de mayor importancia, como sí lo harán quienes estén dentro de la ley", señaló Juan Carlos Cortez durante el foro "Ley Servir: Mitos y Realidades", realizado esta semana en Arequipa. Cortez negó que sea su oficina la responsable y aseguró que "El Congreso hizo esos cambios a última hora".

En un artículo reciente, el economista Pedro Francke (Tierra y Libertad) llama la atención sobre una de las características comunes de las entidades excluidas de SERVIR. "Allí hay funcionarios que ganan más de 20 mil soles mensuales, muy por encima de los topes establecidos por ley, se supone porque realizan las funciones más críticas; y es justo ahí donde el gobierno ha decidido que no hay que evaluar a los profesionales ni amenazarlos con el despido como al resto", señala.

En agosto del año pasado, cuando aún se debatía el proyecto de ley, el sociólogo Sinesio López, asesor del primer gabinete de Humala, consideró la reforma un avance. Entrevistado por el diario La República, López indicó que la reforma "clave" debía orientarse a los ministerios sociales, "que en su opinión no funcionan, a diferencia del MEF, BCR, la Sunat, que son "islas de modernidad", según cita el diario.

La idea de "islas de modernidad" está bastante extendida en el Estado. Se asigna esta categoría no formal a entidades vinculadas al sector financiero y productivo, las que por lo general son mostradas por la derecha política peruana como modelos de eficiencia en la gestión pública. A la vez, la reforma del servicio civil es una de las iniciativas más aplaudidas por este sector. Da qué pensar.

El principio de "islas de modernidad" podría contravenir el espíritu de una reforma que se pretende integral. Percy Alache, analista de ESAN, advierte que en el caso de Sunat, BCR, SBS, Contraloría y empresas estatales -como Petroperú- "llama la atención que no se hayan explicado los motivos para un tratamiento diferenciado, más aún si lo que se pretende es un régimen laboral uniforme y alineado a los estándares de gestión humana"

Han pasado 17 de los 180 días de plazo para elaborar el Reglamento de la norma. Si bien la exclusión que -de acuerdo a Cortez- el Congreso habrá operado  "en el último minuto" no podría resolverse vía reglamento, lo que se debe exigir es que se transparenten y difundan los criterios con que el Congreso tomó esta decisión. A las fuerzas políticas queda analizar si la celeridad con que Humala promulgó la norma fue la que cerró la oportunidad de salvar este aspecto, observando en ese punto la norma. 

En tanto, pende sobre la ley SERVIR una demanda de inconstitucionalidad impulsada por sindicalistas estatales y la bancada Frente Amplio-Acción Popular. Los dirigentes gremiales han sido recibidos en Palacio de Gobierno en una "mesa de diálogo" desde la que se pretende alcanzar ajustes a la ley, y que podría desinflar el ánimo conflictivo que ha rodeado a su debate y aprobación.

Otras entidades excluidas

Otras entidades excluidas de SERVIR son las dependencias del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Es decir, no accederían al nuevo régimen los funcionarios de Mivivienda, el Banco de la Nación, Sedapal, Essalud, Corpac, Enapu o Perupetro. Tampoco lo harán Cofide, Agrobanco, Egesur, Electroperú, entre otros. Petroperú, en tanto empresa pública, estaría también excluida.