La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es la entidad que, en lugar del corrompido y desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tomará sus importantes funciones: nombrar, ratificar, sancionar y, de ser el caso, destituir a jueces y fiscales, así como a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
Para elegir a los integrantes de la JNJ, se conformó una Comisión Especial, conformada por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini; el contralor General de la República, Nelson Shack Yalta; y dos rectores representantes de las universidades públicas y privadas: Jorge Elías Alva Hurtado (UNI) y Antonio Abruña Puyol (UDEP).
Culminado el proceso de selección, el pasado 30 de diciembre se hicieron públicos los nombres de los siete miembros titulares de la JNJ: Aldo Vásquez Ríos, José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, María Zavala Valladares, Imelda Tumialán Pinto, Marco Tulio Falconí Picardo y Antonio Humberto de la Haza Barrantes.
Sin embargo, luego se denunció que Falconí Picardo y Zavala Valladares tenían llamadas telefónicas con César Hinostroza, el exmagistrado acusado de liderar la presunta organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', que habría estado dedicada al tráfico de influencias y corrupción de funcionarios en el sistema de justicia peruano. Además, se supo que de manera presuntamente irregular, Falconí recibió un bono de 10% por el hecho de haber cumplido servicio miltar.
Según la Ley 29248, este bono le corresponde a los postulantes a puestos de trabajo en la administración pública, pero ser integrante de la JNJ equivale a ser un alto funcionario, por lo que no aplicarían los puntos adicionales.
Ante las críticas de ciudadanos y organizaciones sociales, las cuentas oficiales de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial (PJ) y la Universidad de Piura (UDEP) compartieron, este sábado, el comunicado N° 020-2019-CE a nombre de la Comisión Especial para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) defendiendo la elección de los cuestionados integrantes.
El problema está en que, este domingo, tanto el Ministerio Público (MP) como el Tribunal Constitucional (TC) aclararon que no tuvieron conocimiento ni les consultaron para publicar ese comunicado. Estas son dos de las tres instituciones que forman parte del sistema de justicia peruano, junto al PJ.
Incluso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ratificó su voto en discordia contra Falconí Picardo y Ávila Herrera. "La Fiscalía de la Nación no tuvo conocimiento previo del comunicado divulgado hoy por la Comisión", agregó el MP a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, el TC precisó que tampoco fue consultado para la publicación del comunicado. Ni la actual presidenta (Ledesma) ni su antecesor (Blume) han sido consultados ni tuvieron conocimiento del acuerdo para publicar dicho comunicado.
Este lunes 6 de enero, los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberían tomar juramento. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha pedido a la Comisión Especial que suspenda la ceremonia.
[Foto de portada: RPP]
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