No pasó. La defensa legal de Pier Figari, el exasesor de Keiko Fujimori y una de la piezas claves de la investigación contra Fuerza Popular por los aportes fantasmas, había solicitado que adecúen su caso a la ley que prohíbe el financiamiento ilegal de partidos políticos, pero el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, rechazó la solicitud con la que el procesado pretendía que no se le investigue por lavado de activos y crimen organizado.
La investigación por los señalados aportes de la empresa brasileña Odebrecht a las campañas de Keiko Fujimori cumple con los lineamientos del tipo penal de lavado de activos en sus diversas modalidades, subrayó Pérez Gómez.
El fiscal agregó que la estructura de la nueva ley que contra el financiamiento ilegal de partidos, que aprobó el Congreso y promulgó el Ejecutivo, en el marco de la reforma política, "no corresponde a los hechos que son materia de investigación".
Además, subraya el magistrado, su despacho ya ha emitido disposiciones para la formalización de la investigación en donde se confirma la tipificación del delito de lavado de activos.
Pero la defensa de Figari puede ahora recurrir al fiscal superior, Rafael Vela, jefe del equipo Lava Jato, para que se pronuncie sobre su pedido y en caso también este lo rechace, queda aún el Poder Judicial, mediante una tutela de derechos, para insistir en la adecuación del caso.
La investigación fiscal contra Figari y la cúpula fujimorista señala que, como parte de una organización criminal que se infiltró en el partido, se realizaron una serie de actos de conversión, transferencia y ocultamiento de dinero, por un monto de US$ 1.2 millones, que se presume de origen ilícito producto de los actos de corrupción cometidos por la constructora Odebrecht.
El equipo especial Lava Jato, a través de Vela, había alertado que la ley sobre el financiamiento de partidos, que fue promulgada el 27 de agosto, podría ser usado como un "mecanismo de reducción penal" por los investigados en caso de aportes ilícitos, y pidió al Ministerio Público un pronunciamiento institucional al respecto.
Agregó que ley de lavado de activos, bajo la cual son investigados los dirigentes de organizaciones políticas implicados en el caso Lava Jato, tiene penas entre 10 y 20 años de cárcel, mientras que la nueva norma sobre financiamiento ilícito fija penas menores: entre dos y cinco años.
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