Contra el reloj. El plazo máximo de 36 meses de prisión preventiva está a punto de cumplirse en seis de los 24 investigados por el caso Lava Jato sin que estén próximos a recibir sentencia. Entre ellos están el viceministro del Transportes y Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, y los exfuncionarios Edwin Luyo Barrientos y Miguel Navarro Portugal, acusados de lavado de activos en el caso del Metro de Lima. Ellos podrían quedar en libertad antes de que se inicie el juicio oral en su contra. 

La defensa del exviceministro de Transportes y Comunicaciones y los otros exfuncionarios del segundo gobierno aprista han solicitado que se revoque la extensión del plazo de la prisión preventiva que cumplen desde el 2017 por el Caso Odebrecht. La decisión está en manos de la Primera Sala de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado. El pedido del no cómputo del plazo de prisión preventiva hecho por el fiscal José Domingo Pérez fue aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho en julio pasado, y permitiría que los acusados continúen en prisión hasta el desarrollo del juicio oral.

En el caso de Jorge Cuba su prisión preventiva finalizaría en setiembre próximo, mientras que para Luyo, el plazo vencería en mayo. En el caso de Navarro, podría salir de prisión en noviembre de este año. Sin la adición solicitada por el fiscal Pérez, los exfuncionarios podrían quedar en libertad. La prisión preventiva venció en julio pasado.

Inicialmente, el Equipo Especial Lava Jato pidió 18 meses de prisión preventiva para ellos, pero luego han tramitado ampliaciones y adecuación de plazo. A fines de junio, el fiscal Pérez presentó la acusación en la que solicita penas de 12 años y 11 meses por el delito de lavado de activos para Cuba, Luyo y Navarro, entre otros, dejando pendientes los delitos de corrupción, y el caso pasó a control de acusación. 

Hasta la fecha, las audiencias para el control de acusación, donde se determinará si el caso pasa a juicio oral, no han comenzado. A pesar que la primera sesión se convocó para el pasado 23 de agosto, el juez Concepción Carhuancho tuvo que suspenderla. El 11 de junio, el juez declaró procedente que el delito de lavado de activos se procese de forma independiente al delito de corrupción de funcionarios en el Caso Metro de Lima. Por eso la primera acusación fiscal es solo por lavado. 

Ante ello la defensa de Edwin Luyo apeló esta decisión y la Primera Sala de Apelaciones le dio la razón. Para los jueces, es necesario que el lavado de activos sea acumulado a un delito previo. Los otros acusados se sumaron a la solicitud para revocar la desacumulación de delitos. Concepción Carhuancho prefirió esperar el pronunciamiento de la sala sobre la apelación para dar inicio al control de acusación.

Pero no son los únicos exfuncionario públicos que saldrían en libertad. A Juan Carlos Zevallos de Ositran también le quedan siete meses para cumplir la prisión preventiva. El 22 de agosto, el juez Jorge Chávez amplió por 8 meses más la prisión preventiva al exgobernador del Cusco Jorge Acurio Tito, advirtiendo que en ese plazo debe concluir la investigación, presentarse la acusación y pasar a juicio público. 

Recomendación de Pérez

Ante el riesgo de que el plazo de la prisión preventiva termine, el fiscal Pérez emitió un informe este miércoles al coordinador del equipo especial, el fiscal Rafael Vela. En este le recomienda informar al Órgano Desconcentrado de Control Interno sobre “la presunta responsabilidad funcional del fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso [exjefe del equipo especial] por no haber solicitado el plazo de la prisión preventiva de 36 meses contra los imputados Navarro Portugal, Luyo Barrientos y Cuba Hidalgo a pesar de que se encontraba ante un caso de organización criminal”. 

En el informe, al que accedió El Comercio, Pérez recuerda que Castro solicitó, en el 2017, 18 meses de prisión preventiva, y no 36. Luego, pidió una ampliación por 12 meses. “Castro Trigoso no hizo el requerimiento de plazo previsto en el artículo 272,3 del Código Procesal Penal, perjudicando con su accionar la actuación del Ministerio Público”, indica.

(Foto de cabecera: Andina)

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