El Equipo Especial del caso Lava Jato presentó este lunes ante el Poder Judicial la acusación contra Jorge Cuba Hidalgo, viceministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García, y otras seis personas por el delito de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, tras haberse beneficiado con la adjudicación de los tramos I y II del metro de Lima al consorcio Tren Eléctrico, formado por las constructoras Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero.

El fiscal José Domingo Pérez pidió 25 años y 10 meses de prisión para Cuba y personas allegadas al funcionario como su sobrino Víctor Muñoz Cuba y su expareja y exvolebolista Jessica Tejada Guzmán. La solicitud incluye a otros procesados: Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Santiago Chau Novoa, exintegrantes de los comités para el proceso de selección, y Miguel Navarro Portugal, todos exfuncionario del MTC.

La acusación fiscal, que consta de 430 páginas, establece la participación y beneficio económico a través de coimas que habría recibido cada uno de los procesados por parte de Odebrecht para que esta fuera beneficiada con las licitaciones. Según conclusiones de la fiscalía, Cuba y los implicados habrían recibido $1 385 000 por parte de Odebrecht por el tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima. Esto se suma a los $6 700 000 que Cuba habría cobrado por el tramo 2 de la Línea 1 de la misma obra, transferidos de la División de Operaciones Estructuradas a las sociedades de papel vinculadas al exviceministro y su sobrino Víctor Muñoz Cuba. 

Según el documento, Luyo y Huerta recibieron US$1’200.000 de la constructora a través de la ‘offshore’ Oblong International. Ambos acordaron distribuirse ese dinero en porcentajes de 75% y 25%, respectivamente.  Además, Chau recibió la suma de US$400.000 por su participación como integrante del comité de selección que otorgó el primer tramo del metro de Lima. A Tejada y a Navarro Portugal se les imputa ser los beneficiarios finales de la cuenta abierta por la ‘offshore’ Julson International en la Banca Privada de Andorra (BPA), usada para recibir los pagos ilícitos por US$500.000, monto que generó intereses por US$60.000.

La acusación fiscal, al que tuvo acceso El Comercio, sindica a Cuba, “quien ejercía el cargo de viceministro del MTC […], de haber ofrecido a Antonio Carlos Nostre Junior [intermediario de Jorge Barata, representante de la empresa Odebrecht] interceder ante los miembros del Comité Especial de la Licitación conformada por Santiago Chau […], Mariella Huerta, Edwin Martín Luyo Barrientos […], para el otorgamiento del proyecto del metro de Lima-línea 1, tramos I y II”, se lee.

Ampliación de prisión preventiva 

José Domingo Pérez solicitó también prolongación del plazo de prisión preventiva de seis meses a 36 meses contra Cuba, Luyo y Navarro, puesto que las medidas dictadas en su contra vencen en julio, puesto que las medidas dictadas en su contra vencen en julio. Asimismo, la desacumulación de la investigación en dos procesos distintos uno por lavado de activos y otro por el delito contra la administración pública, a raíz de que la mayoría de los implicados son exfuncionarios.

De otro lado, se pide que los implicados y los terceros civilmente responsables, las empresas (Norberto Odebrecht y Graña y Montero) paguen una reparación civil, pese a que aún no ha sido determinado. 

(Foto de cabecera: Andina)

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