La Corte Suprema declaró fundada la casación, presentada por la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, contra Lamsac, con el objetivo de que sea incluida en un juicio por el alza de peajes entre el 2013 y 2015 del proyecto Linea Amarilla.
El juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente, sostuvo en su decisión que el consorcio tiene un vínculo jurídico de tipo material con Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán.
Con el recurso casación presentado, la procuraduría ad hoc busca que la empresa comparta, junto al sentenciado por negociación incompatible Arzubialde, un pago eventual de reparación civil al Estado.
Para reforzar su pedido, el despacho a cargo de Jorge Ramírez indicó que en el caso Costa Verde Callao se consideró como tercero civil responsable a Odebrecht, porque tuvo una "relación de hecho entre el exgobernador regional Félix Moreno y Gil Shavit".
Ahora, con la decisión de la Sala Penal Permanente, se realizará un nuevo proceso contra el consorcio Línea Amarilla S.A.C (Lamsac), a cargo de Vinci Highways, y contra Arzubialde por este caso. El vínculo de Arzubialde con Lamsac implicaba, indirectamente, el favorecimiento a la concesionaria.
El 2013, en calidad de gerente de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Arzubialde aceptó un pedido de Lamsac para cambiar la tarifa de los peajes. El resultado fue la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con lo cual se permitió un reajuste al alza de las tarifas en las vías de Lima, desde el 5 de octubre del 2013 hasta la fecha.
La procuraduría ad hoc busca que Lamsac pague una millonaria reparación civil, junto a Domingo Arzubialde, que estima alrededor de los 17 millones de soles. El caso puede generar un precedente para otros procesos, sobre el vínculo existente entre corruptor y funcionario público.
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