El Poder Judicial precisó que la acción de amparo que ha presentado ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sí puede detener el proceso sancionador en su contra en la Comisión de Ética, donde se aprobó el informe que pide suspenderlo del Parlamento por 120 días.
Así lo afirmó el titular de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, al señalar que se trata de un recurso legal al que pude recurrir cualquier ciudadano cuando cree que sus derechos fundamentales han sido vulnerados.
El vocal supremo explicó además que la acción de amparo puede ser dirigida contra cualquier autoridad y presentarse en la zona donde se ha cometido la afectación al derecho fundamental o, de lo contrario, en su lugar de domicilio.
"Tengo entendido que el señor Salaverry domicilia en Trujillo. Una persona puede tener varios domicilios y, de acuerdo al Reniec, porque eso lo he revisado ayer precisamente por esa curiosidad, él tiene domicilio legal en Trujilllo", refirió, tras participar en la ceremonia del 193 Aniversario de la Batalla de Arica y el Juramento de Fidelidad a la Bandera.
El recurso se interpuso ante el Noveno Juzgado Civil de La Libertad, a cargo de la jueza Tatiana Pedemonte del Río. "Con una medida cautelar la juez podría detener el proceso", insistió Lecaros.
La controversia
En tanto, los abogados de Salaverry anunciaron que además del amparo en le que se solicita se declare nulo y sin efecto la suspensión de 120 días de propuesta por la Comisión de Ética, presuntamente por presentar informes de sus actividades de semana de representación con información falsa, presentarán entre hoy o el lunes una medida cautelar, informó El Comercio.
"Una cautelar lo que hace es que se suspenda la tramitación del procedimiento mientras no se resuelva el fondo, que es la demanda de amparo. Porque de otra manera, cuando se resuelva la demanda de amparo, quizá ya lo sancionaron y es precisamente lo que se busca evitar con la medida cautelar", dijo Benji Esponiza, defensor legal de Salaverry.
Sin embargo, hay abogados, como el constitucionalista Luciano López que señalan que los recursos legales de la defensa del presidente del Congreso no se podrían resolver a su favor, porque aún falta que el Pleno del Parlamento se pronuncie al respecto. "La afectación de un derecho fundamental se daría cuando el pleno vote ese informe. Eso aún no ha ocurrido", remarcó.
Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que la demanda de amparo sí podría anular todo el proceso en Ética, como ocurrió con una resolución a favor del expresidente Alan García contra lo investigado por la Megacomisión.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, manifestó que la medida cautelar "frenaría el proceso si se declara procedente", por lo que pidió que el informe del grupo que preside se vea con rapidez en el Pleno del Congreso.
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