La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir una investigación preliminar a Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso (APP), por el presunto delito de patrocinio ilegal y otros que resulten de la pesquisa, por haber realizado gestiones ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) a nombre de la Universidad privada Señor de Sipán.

La pesquisa será en principio 60 días y estará a cargo del fiscal supremo Luzgardo Ramiro González, coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias constitucionales contra altos funcionarios, adscrita a la fiscalía de la Nación.

Según la denuncia periodística de Panorama, Acuña ingresó el pasado lunes 15 de abril, en horas de su jornada parlamentaria, a la oficinas de la Sunedu con el fin de realizar gestiones a favor de universidad de la que es propietaria su familia y él es accionista, miembro del directorio y apoderado. 

Fuente: El Comercio

El legislador  alegó que acudir a esa cita, que era parte del proceso para conseguir el licenciamiento de la universidad en mención pidió licencia sin goce de haber. "Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario", alegó en el dominical.

Pero lo cierto es que Richard Acuña infringió el artículo 92 de la Constitución, que señala que un parlamentario no puede ser apoderado de una empresa privada ni miembro del directorio y tampoco representarla ante entidades estatales.

El artículo 20 del reglamento del Congreso también señala que durante el ejercicio del mandato legislativo, los  congresistas no pueden desempeñar otros cargos o ejercer cualquier profesión u oficio en las horas de funcionamiento del Congreso.

Por ello, este lunes, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar una indagación preliminar de oficio al legislador de APP por este caso.

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