En medio de la arremetida de sectores vinculados a grandes casos de corrupción para desmontar la lucha contra este flagelo en el país, aún sacudido por el suicidio de Alan García para evitar su detención por el caso Odebrecht, un nuevo frente de tensión se abrió por las críticas al uso de la prisión preventiva como parte de las investigaciones del equipo especial Lava Jato de la fiscalía, a las que se sumó este domingo el mismo presidente Martín Vizcarra, quien pidió a las autoridades del sistema justicia que reflexionen sobre el uso de esa medida, porque pese a ser excepcional, se está aplicando “casi en la totalidad de los casos”.
En ese contexto, el fiscal José Domingo Pérez exigió este lunes, vía América Noticias, respeto "a la independencia de la administración de justicia", antes de subir al avión que lo llevará a Brasil para interrogar esta semana al exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, el hombre que conoce todos los detalles y secretos de la coimas y pagos ilícitos que la constructora brasileña hizo en el país.
“El Ministerio Público va a seguir realizando su labor como siempre lo ha hecho. Se solicita respeto de la independencia de administración de justicia. Finalmente somos evaluados producto de resultados”.
El fiscal del equipo Lava Jato sostuvo que el presidente Vizcarra hizo un comentario “desde un punto de vista político” y que el Ministerio Público “trabaja desde el punto de vista técnico-jurídico”.
“Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos […]. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos, que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”, había declarado Vizcarra en una entrevista a TV Perú el domingo, al comentar la prisión preventiva dictada contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco.
El jefe de Estado subrayó que tuvo la misma posición cuando enviaron a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, así como a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Los primeros recobraron su libertad tras un fallo del Tribunal Constitucional, mientras que la ex candidata aún permanece en el Penal de Mujeres de Chorrillos a la espera que la Corte Suprema resuelva una casación que presentó su defensa.
Pero Vizcarra evitó comentar sobre el trabajo que viene realizando el fiscal José Domingo Pérez. “En mi condición de presidente no puedo evaluar individualmente el trabajo de un fiscal, porque [hay] independencia de poderes”, refirió, al insistir en que se debe buscar un equilibrio
“Una autoridad que tiene la responsabilidad de buscar y aplicar la justicia tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos, respetando la aplicación del código [penal] que rige su comportamiento, pero con el fin máximo de encontrar la verdad con la seriedad del caso”.
Una posición similar a la de Vizcarra la tuvo el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien refirió que la prisión preventiva o la detención preliminar “son figuras excepcionales”. “La regla debe ser investigar a las personas bajo la condición de libertad aunque, de acuerdo a la situación, con medidas restrictivas, pero el último recurso es el de la prisión preventiva”, sostuvo en Canal N.
Agregó que en “términos fácticos y concretos” la prisión preventiva sí es una condena adelantada, porque se materializa con “una privación de la libertad”, por lo que consideró que el Congreso tiene que revisar la figura de la prisión preventiva.
Los cuestionamientos al uso de la prisión preventiva no son nuevos. Empezaron en el 2017, cuando se aplicó al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, pero en ese momento muchos de los que hoy critican la medida la aplaudieron. Fue el Tribunal Constitucional el que tuvo que enmendarle la plana a la fiscalía y el Poder Judicial.
En el caso de PPK, los expertos coinciden en que es una medida desproporcional, más aún tratándose de una persona que tiene más de 80 años. El exfiscal supremo Avelino Guillén considera que la resolución que ordena la medida no fundamenta adecuadamente la necesidad de imponer la prisión preventiva. “¿Por qué estando en arresto domiciliario podría obstruir la indagación fiscal?”, dijo consultado por El Comercio.
El exmagistrado sostiene que en el caso de Kuczynski, por el solo hecho de que se trata de una personas mayor a los 65 años de edad, le corresponde un arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva, porque así lo señala el Código Penal. Bastaría, dice Guillén, que se le impongan medidas complementarias, como la prohibición de comunicarse con sus coimputados y extrabajadores de Westfield Capital.
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