Alan García se quitó la vida para evitar ir a prisión (detención preliminar), pero no evitará que se sepa toda la verdad. El interrogatorio al exrepresentante de la empresa brasileña Odebrecht, Jorge Barata, se realizará, esta semana, sin modificaciones tras el suicidio del expresidente peruano.

Así lo precisó el coordinador del equipo fiscal del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba. En una entrevista al diario El Comercio, consultado sobre si el interrogatorio a Barata sufriría alguna modificación tras la muerte de García, el fiscal respondió:

"No, la planificación estratégica del equipo especial continúa conforme a lo ya estipulado. El señor Barata declarará desde el martes hasta el viernes sobre diferentes investigaciones, incluidas las del metro de Lima y la Interoceánica, donde el señor García era investigado".

Con la muerte de García, ¿Barata ya no deberá responder sobre él? Vela precisó:

"No hay ninguna restricción sobre las preguntas. Si bien es cierto que la muerte extingue la acción penal, aquí estamos en una investigación por graves cargos de corrupción y lavado de activos dentro de una pertenencia a una organización criminal. Los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición que existe ahora por la muerte del señor García. Se extingue la acción penal para él, no para los que fueron sus coinvestigados".

Consultado sobre si Barata podía negarse a responder a García, el fiscal señaló que el exrepresentante de Odebrecht en Perú "no puede negarse a responder ninguna pregunta". "La diligencia que se realiza está dentro del contexto de la cooperación internacional y es una obligación adquirida en el convenio de colaboración eficaz que han firmado la empresa Odebrecht de forma corporativa, el señor Barata de forma individual y la fiscalía peruana", afirmó. "También está obligado a responder con la verdad", agregó.

El último miércoles 17 de abril, el expresidente peruano Alan García Pérez (2006-2011) decidió quitarse la vida para evitar ir a prisión. Luego de ver a un fiscal y a policías en su domicilio, el aprista se suicidó de un balazo en la cabeza. García Pérez era acusado del presunto delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal. Su delito habría sido cometido cuando era mandatario y habría favorecido a la empresa brasileña Odebrecht con la adjudicación de las obras Metro de Lima, Interoceánica Sur, entre otras. Esto a cambio del pago de coimas que sumarían un total de 24 millones de dólares, dinero que habría sido recibido a través de una red de transferencias en la que están implicados su exsecretario presidencial, Luis Nava, y otros.


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