El vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, asumió la titularidad de dicha institución tras la detención preliminar de Edwin Oviedo, vinculado a la mafia judicial de 'Los cuellos blancos del puerto', cuyo cabecilla era el exjuez supremo detenido en España César Hinostroza, según la fiscalía.
La medida fue dispuesta por acuerdo de la junta directiva, en cumplimiento del artículo 45 del estatuto de la FPF, que en un comunicado garantiza la continuidad institucional, respaldando todos los procesos deportivos y comandos técnicos, y respetando los compromisos comerciales asumidos, así la normatividad de la FIFA y la Conmebol.
Efectivos de la Policía capturaron este jueves al presidente de la FPF y empresario azucarero, Edwin Oviedo. La detención se efectuó por disposición del Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios.
Oviedo fue capturado cerca de 07:25 horas del jueves, en las inmediaciones de la cuadra dos de la calle Morisot, en el distrito de San Borja, cuando se dirigía a las instalaciones de la FPF, en la Videna de San Luis. Regresó a su casa, en el citado distrito, para el allanamiento de su vivienda. La fiscalía también allanó oficinas de la Videna.
Según la fiscalía, entregó dinero y entradas para los partidos eliminatorios y en el mundial de la selección de fútbol a Hinostroza a cambio de resoluciones judiciales para frustrar investigación a "Los Wachiturros de Tumán", caso en el que ha sido acusado de homicidio.
El 30 de noviembre, el fiscal de Chiclayo Juan Carrasco sustentó un pedido de 24 meses de prisión preventiva para Oviedo, solicitud que sería resuelta por el juez de investigación preparatoria Carlos Chanamé Chumán en las próximas horas.
Junto a él, se dispuso la detención de tres de sus principales colaboradores: José Carlos Isla Montaño, Roly Capcha Requena y Alberto Carlo Chang Romero, así como de Javier Prieto Balbuena, gerente general de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Este viernes, Oviedo fue trasladado a la sede de la Dirincri, para continuar con la diligencias. Su abogado, Luis Reyna Alfaro, consideró "arbitraria" la medida contra el aún presidente de la FPF.
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