El gobierno del Frente Amplio en Uruguay, que encabeza Tabaré Vásquez, tiene un fierro caliente entre manos con el pedido de asilo diplomático del expresidente peruano Alan García, bajo el pretexto de una inexistente persecución política, ya que de aceptarlo —como suele ser la tradición en la república oriental—, no solo generaría problemas en la relación bilateral con el Perú, donde el Ejecutivo ha sido claro en el sentido de que no existen razones para ello y le recordó el compromiso regional de luchar contra la corrupción, sino tensiones internas con la oposición y, sobre todo, con la coalición oficialista.

Parlamentarios del Frente Amplio señalaron que no existen elementos para que el presidente Tabaré Vásquez acceda a la solicitud del exmandatario peruano, reveló El Comercio. García Pérez se refugió en la embajada de Uruguay en Lima desde el último sábado por la noche, luego de que el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses, en el marco de la investigación que afronta por la trama corrupta de Odebrecht en el Metro de Lima, la obra emblema de su último gobierno. Incluso la constructora brasileña ocultó un pago de US$100 mil que le hizo con dinero sucio de su Caja 2 por una conferencia que dictó en 2012 en Sao Paulo.

Así, por ejemplo, el senador Juan Castillo (Partido Comunista) y el diputado Roberto Chiazzaro (Partido Socialista), de la colación oficialista, ya solicitaron información oficial al gobierno uruguayo respecto a la situación judicial de Alan García, acusado por la fiscalía peruana de colusión agravada y lavado de activos.

"Se habla de que Uruguay tiene una larga tradición, de ser generosos y solidarios con la figura del asilo cuando se requiera, estamos hablando casos de persecución política, ideológica donde muchas veces hay riesgo de vida o al menos esta en peligro la vigencia de los derechos humanos de las personas que lo requiera [el asilo]. Pero todo esto que describo no parecen ser los elementos alrededor del caso García", dijo el senador Castillo en diálogo con El Comercio.

"Si [Alan García] estuviese siendo sujeto a un proceso en el marco de la justicia, sobre actuaciones vinculadas a ilícitos que nada tienen que ver con cuestiones políticas, obviamente no sería merecedor del asilo", señaló por su lado el diputado oficialista Chiazzaro, quien destacó que el Perú vive en un régimen de derecho con normas democráticas, y en ese contexto el gobierno no podría brindar un asilo bajo el argumento de una persecución política. 

Así, el también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes uruguaya, subrayó que si la información enviada por el gobierno peruano —que ya fue entregada oficialmente este martes— confirma que García no sufre violaciones de sus derechos, el gobierno de Uruguay debe invitarlo a que se retire de la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros

"En la bancada [oficialista del Frente Amplio] hay casi por unanimidad, la certeza en el sentido de que si hay delito económico en el caso de García".


Otros representantes del Parlamento uruguayo también se han pronunciado en contra del pedido de asilo. La senadora Constanza Moreira (Casa Grande), en el medio uruguayo "La Diaria", subrayó que "el proceso legal contra Alan García y la tipificación de sus delitos no ameritan el uso de la figura de asilo político, ya que no se configura persecución política".

Analistas políticos uruguayos coinciden en que el presidente Tabaré Vázquez no podrá tomar una decisión respecto al pedido de Alan García al margen de una postura colegiada del Frente Amplio, que cuenta con mayoría en ambas cámaras del Parlamento (50 de 99 diputados y 16 de 23 senadores).

DATO

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, que investiga a Alan García, descartó que exista persecución política contra el expresidente aprista como alega este. Lo mismo ha señalado el Ejecutivo peruano, al entregar una nota diplomática a embajador de Uruguay por este caso. Y la ONU lo ha confirmado, al señalar que no hay quejas o denuncias por interferencias en el sistema de justicia contra el Perú.

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