La fiscal especializada contra la criminalidad organizada del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra los 13 integrantes de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto': tres empresarios, abogados y exfuncionarios, liderados por el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos, el cabecilla de la banda según el Ministerio Público.
La solicitud será evaluada este martes por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, quien decidirá la suerte de los miembros de esta organización desarticulada el pasado 29 de julio, durante un megaoperativo en simultáneo en varios puntos de la capital, tras una paciente labor de investigación que incluyó la interceptación legal de las comunicaciones telefónicas a magistrados y varios funcionarios del ámbito judicial. La audiencia ha sido convocada a partir de la 5 de la tarde.
Los audios involucran a los empresarios Mario Mendoza y Edwin Antonio Camayo, así como a José Luis Cavassa, un exoperador fujimontesinsta, y diez funcionarios judiciales y abogados, que habrían recibido ventajas ilegales en procesos judiciales y habrían intervenido en el nombramiento y ascenso de jueces y fiscales de la red.
Los delitos y las redes de la organización
En su pedido, la fiscal señala que el hombre clave de la organización delictiva es Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao, quien ya cumple prisión preventiva por 36 meses, y les imputa siete delitos referidos a la criminalidad organizada: aceptación ilegal, tráfico de influencias, peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y cohecho activo específico.
En la investigación preliminar se logró reunir elementos suficientes de la existencia de una organización criminal diseñada para facilitar la resolución de los casos a favor de sus integrantes, a través de 3 redes de corrupción: una interna, integrada por jueces y personal administrativo de diversos juzgados; otra externa, formada por abogados litigantes y empresarios; y la tercera comprendería al juez supremo César Hinostroza Pariachi y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quienes habrían coordinado la designación de jueces y fiscales.
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