"No hay ningún quiebre de la colaboración eficaz", dijo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respecto la compleja situación que atraviesa la relación entre Odebrecht Jorge Barata y el Ministerio Público. "Hubo unos altibajos, sí, es cierto, pero son superables", acotó.
En este contexto, en la Procuraduría General de Brasil le han pedido a sus pares en la fiscalía peruana que aclaren los cuestionamientos de Odebrecht para que se pueda restablecer la cooperación internacional; en tanto, en Lima, los abogados de la constructora brasileña y los miembros Equipo Especial Lava Jato buscan llegar a un nuevo acuerdo para superar la crisis de confianza mutua y relanzar el proceso de colaboración, reveló La República.
Según fuentes del Ministerio Público, el fiscal Hamilton Castro, a cargo del Equipo Especial Lava Jato, cree que Odebrecht ocultó pruebas de forma deliberada y que creó el problema en Brasil con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que el nuevo fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, lo retire del caso.
Por su lado, los abogados de Odebrecht señalan que mientras Castro esté al frente de las investigaciones, nunca alcanzarán un acuerdo de colaboración que permita levantar las sanciones del Decreto de Urgencia 003, debido a que el fideicomiso que creó esta norma los está asfixiando económicamente y desde la casa matriz de la constructora han puesto como plazo diciembre para encontrar una solución o de lo contrario cerrarán sus actividades en Lima.
En estas circunstancias, dicen en la fiscalía, no ha sido fácil lograr que se retomen las conversaciones, y parece más complicado aún lograr unificar una estrategia en el Ministerio Público, ya que a Odebrecht le conviene más el método que plantean las fiscalías de lavado de activos, que implica un acuerdo de no incriminación, con lo que solo tienen que declarar los hechos para recibir los beneficios que llevan un año y ocho meses pidiéndole al fiscal Castro Trigoso. Y este compromiso se firma al amparo de la ley brasileña, lo que implica que el Ministerio Público peruano ya no los puede perseguir penalmente ni usar contra ellos algunas de las pruebas que puedan surgir en el proceso.
Con esta falta de coordinación entre las fiscalías, los más beneficiados terminan siendo los políticos y funcionarios implicados en la trama corrupta que están bajo indagación. Por ello, hay expertos como los exprocuradores Luis Vargas Valdivia y César Azabache que sostienen que es urgente unificar y ordenar la estrategia en el Ministerio Público para el caso Lava Jato.
Por ejemplo, la Procuraduría de Brasil suspendió su colaboración con el Perú por la decisión del fiscal José Castellanos de allanar un almacén para incautar archivos de Odebrecht que ya estaban a disposición del Ministerio Público peruano. El jefe e de este magistrado, el fiscal fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las fiscalía de lavado de activos, dijo que Castellanos tomó una decisión sin su conocimiento.
Trascendió en los pasillos de la fiscalía, según La República, que Castellanos pidió el apoyo de su colega José Domingo Pérez para el referido allanamiento, pero este se lo negó, por las razones ya explicadas. En el despacho de Vela Barba estaban al tanto del incidente, pero nadie detuvo ni alertó del despropósito que iba a cometer el fiscal José Castellanos.
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