En la sesión del Pleno del Congreso del último miércoles, en la que Fuerza Popular no pudo desaforar a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, y se tuvo que conformar con suspenderlos mientras dure el proceso en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico, se violó el debido proceso.
"No les importó arrasar la Constitución, violentar el reglamento del Congreso y pisotear los derechos fundamentales de la persona", dijo en La República Víctor García Toma, abogado constitucionalista y exministro de Justicia, respecto a la forma prepotente e ilegal que el fujimorismo que usó para saldar cuentas con el hermano menor de Keiko y sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular, con el objetivo de sacarlos de sus curules y, así, mantener el control del Congreso vía la presidencia de la Mesa Directiva, a cualquier costo.
De hecho, así se evidencia en el oficio que el Parlamento envió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, en el que se da cuenta de la sanción y se pide emitir las credenciales de los accesitarios Ángel Neyra (Lima), María Candelaria Ramos (Tumbes) y César Campos (Huánuco). Son tres votos que el fujimorismo sumaría para sus afanes legislativos.
Pero lo que no calcularon en Fuerza Popular es que la violación de un derecho constitucional anula todo el procedimiento sancionador. Es decir, un juez podría ordenar que los tres parlamentarios retomen sus funciones a través de una acción de amparo y una medida cautelar. Ya la defensa legal de Kenji Fujimori prepara un recurso en ese sentido.
"Un juez que actúe con celeridad puede resolver en un mes", manifestó el también constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional (TC) César Landa, al subrayar que la rectificación no borra que se haya violado el debido proceso.
Un día después de la primera votación, en la que la Mesa Directiva que dirige el fujimorista Luis Galarreta desconoció el artículo 100 de la Constitución y permitió que algunos miembros de la Comisión Permanente participen de la votación en el Pleno, Fuerza Popular se cuenta del estropicio y trató de corregirlo. Para ello volvió a votar para conseguir la suspensión.
"Algunos podrían creer que con la rectificación se subsanó el tema, pero en realidad solo puso en evidencia que hubo un procedimiento irregular. En materia sancionadora, cuando se rectifica, no se subsana el derecho afectado", explicó Landa.
Pero el partido de Keiko Fujimori no solo arrasó con la Constitución y el reglamento del Congreso para sancionar a Kenji y compañía, sino que también desconoció un precedente vinculante establecido por el TC en el 2010, el cual tiene fuerza de ley y dice que ninguna suspensión puede tener carácter indeterminado. Y la sanción que se aprobó dice que rige mientras dure el proceso por los llamados 'Kenjivideos' y el caso aún está en investigación preliminar; es decir, ni siquiera hay un juicio contra los tres congresistas suspendidos.
"Para sancionar se debe tener todas las normas claras y precisas bajo un principio de legalidad y seguridad jurídica. Eso no se ha cumplido", subrayo Landa. "Fue un ajuste de cuentas interno (entre Keiko y Kenji) que da un pésimo ejemplo a la ciudadanía y maltrata la imagen del Congreso de la República", anotó por su lado García Toma.
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