El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria dispuso la confirmación judicial de la incautación de un conjunto de documentos que el Ministerio Público encontró durante el allanamiento a los inmuebles vinculados a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada preliminarmente por presunto cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.

El operativo en mención, realizado el pasado 5 de abril, estuvo a cargo del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción, en el marco de las investigaciones que buscan corroborar si las constructoras Odebrecht y OAS donaron dinero a favor de la campaña por el No a su revocatoria en el 2013.

Una transferencia bancaria entre el exgererente municipal José Miguel Castro Gutiérrez y la exalcaldesa de Lima parece ser el hallazgo más potente del Ministerio Público durante el allanamiento en la casa de la playa Arica. La operación financiera consiste en un envío de 1,000 dólares desde una cuenta a nombre de Castro Gutiérrez a la de Villarán de la Puente realizada el 23 de junio del 2016. El voucher llevaba una anotación que decía: “Cuadro José Miguel 1ª cuota de 6,000”.  

Dentro de los documentos confiscados en las propiedades de Villarán, que han sido confirmados por el Poder Judicial, se encuentra una carta con el logotipo de Diálogo Vecinal, dirigida a Fernando Pinto, gerente de supervisión de fondos partidarios, con fecha 22 de octubre de 2014, la cual está anexada con 10 hojas con información de gastos de campaña electoral.

También contiene un documento de 22 hojas con membrete de la ONPE titulado "Informe técnico de actividad económica financiera 2014-2015". Otra de las cosas que encontraron en la casa de la exalcaldesa fue una agenda en la que había una serie de anotaciones que deberían llamar la atención. "Preparar reuniones Amado Enco, Duverly [sic], Lama", se lee. Este apunte haría referencia a los apellidos del procurador Anticorrupción, el presidente del Poder Judicial y el miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, respectivamente.

La fiscalía pidió la confirmación judicial de estos documentos, ya que hasta el momento no contaban con autorización para incluirlos en las pesquisas. Se conoce que para ser evaluados en la investigación tiene que tener, por exigencia de la norma procesal, el pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la incautación. 

(Foto de cabecera: RPP)

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