Alejandro Aguinaga, excongresista y médico personal de Alberto Fujimori, informó que un grupo de amigos del indultado autócrata pagará el alquiler de la residencia en La Molina donde vivirá el expresidente tras recuperar su libertad.
El alquiler esa vivienda de lujo, de casi dos mil metros, con amplios jardines y una piscina, no llega a los US$ 5,000, afirmó Aguinaga, pero lo cierto es que ese el precio que la inmobiliaria que la rentaba consignó en su página web. Según dijo el excongresista, el precio "quizás llega al 55%" del referido monto.
Aguinaga informó que eligieron la urbanización La Estancia de La Molina, una de las zonas más exclusivas de ese distrito, con la finalidad de evitar las manifestaciones de protesta contra el indulto.
¿Y los beneficios?
Confirmó también que Fujimori contará con personal de Seguridad del Estado encargado de brindarle resguardo, por su condición de ex jefe del Estado, aunque no está claro si se le restituirá la pensión vitalicia y otros beneficios. En todo caso, no los ha solicitado formalmente, de acuerdo a El Comercio.
Por ley, los beneficios que tienen los expresidentes son una pensión que equivale el salario mensual de un congresista, hoy de S/15.600, resguardo policial, seguro médico, un vehículo, 150 galones de combustible y hasta la posibilidad de contratar a un técnico que lo asista por un sueldo no mayor a S/3.800.
Sin embargo, en el caso de Fujimori se le aplicaría el artículo 2 de la Ley 26519, norma emitida durante el fujimorismo, que fija la pensión vitalicia "queda en suspenso para el caso de ex presidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes".
El autócrata fue vacado por permanente incapacidad moral en noviembre del 2000, sanción con el mismo efecto que una acusación constitucional. Desde entonces, no recibe pensión alguna. Y como no hay una sentencia judicial que lo declare inocente, se aplica el artículo 2. De los cinco juicios que afrontó en el Perú, en todos fue declarado culpable.
"Fujimori empezó a afrontar estos procesos sin ningún privilegio, no tiene sentido que ahora recupere algo que ya no tenía", explicó el exprocurador Julio Arbizu.
A esto se suma que el exmandatario tiene una deuda millonaria con el Estado, por concepto de reparación civil al Estado. A la fecha, la deuda supera los S/51 millones por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones. El monto inicial era de S/27.4 millones, pero casi se duplicó porque no ha pagado nada.
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