La defensa legal del expresidente Alan García afina la estrategia con la que quiere frenar la investigación en curso que el fiscal José Castellanos decidió adecuar a los parámetros de la Ley Contra el Crimen Organizado, pese a que el mismo líder aprista dijo, desde España, que se sometía a las pesquisas.
Así, casi al mismo tiempo en que García Pérez decía una cosa, sus abogados en Lima, Genaro Vélez y Erasmo Reyna, hacían otra: anunciaron que interpondrían los recursos necesarios para defender al expresidente. Y lo hicieron poco después, al presentar una queja o denuncia contra el fiscal Castellanos por presunto delito de prevaricato ante la Fiscalía Superior de Control Interno del Ministerio Público.
Pero como este recurso, según explica La República este miércoles, suele demorar en resolverse más que el proceso mismo y al final, si se sancionara a Castellanos, este es cambiado y reemplazado por otro fiscal que seguirá las investigaciones. Por ello la defensa de García evalúa otros escenarios y recursos.
Y como el expresidente no está solo en este tema —es investigado como presunto líder de una organización criminal, que integrarían varios de sus colaboradores y exministros—, tiene detrás, prácticamente, un ejército de abogados que defienden al resto de personajes comprometidos que buscan también anular la indagación fiscal.
Chang entra en escena
Uno de los coinvestigados de García es su exministro José Antonio Chang, muy cercano y de la absoluta confianza del exmandatario. Hace uno días, el abogado de Chang presentó al juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional un recurso de control del plazo, en el que decía que la fiscalía había tenido tiempo suficiente para investigar al expresidente y que, por tanto, debía ordenar archivar el caso o en su defecto que se formule acusación y pasar a juicio oral de inmediato.
El titular de la sala en mención, Richard Concepción Carhuancho, convocó a audiencia el último martes 31 de octubre para evaluar el recurso de control de plazo, como la ley manda, pero minutos antes de que se inicie la diligencia, de manera sorpresiva, el abogado de Chang retiró el pedido. Al parecer, fue solo un ensayo, o se habían dado cuenta de que iban a sufrir un revés judicial.
Sea como fuere, lo cierto es que si el juez le da la razón a Chang, la fiscalía tendría que archivar toda la investigación, porque hasta el momento, Castellanos no tiene los elementos suficientes para formular acusación y que el caso pase a juicio. Los abogados de los investigados alegan que el fiscal solo recurrió a la Ley Contra el Crimen Organizado para ganar tiempo y mantener abierta la pesquisa por motivos extraprocesales o políticos, según La República.
De hecho, Chang alegó en su recurso legal que el fiscal Castellanos, "quince días después de haber vencido el plazo de los ocho meses de investigación", resuelve ampliar el plazo por 36 meses sobre la base que los investigados son integrantes de una presunta organización criminal de lavado de activos, por lo que pidió al juez que intervenga "ejerciendo facultades de control del plazo que le confiere la ley".
La otra posibilidad: el recurso de amparo
Los abogados de Alan García tampoco descartan recurrir a juzgados del norte del país, donde el Apra aún tendrían influencias, para presentar acciones de amparo o hábeas corpus para frenar la investigación.
Esta fue la fórmula que el ex líder aprista utilizó para neutralizar el informe de la megacomisión del Congreso que investigó los actos de corrupción detectados en su último gobierno. Hugo Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, resolvió declaró ilegal la actuación del parlamento, al alegar que García fue citado a declarar sin informarle con precisión los hechos que se le imputaban.
Incluso, la defensa legal del expresidente evaluó recurrir otra vez al juez Velásquez, para que revise la disposición del fiscal Castellanos y establezca que la fiscalía ya no puede investigar los hechos abordados por la megacomisión. Pero al final, esta posibilidad quedó descarta.
"La disposición del fiscal Castellanos es demasiado meticulosa y detallista sobre los motivos por los cuales se investiga con la Ley de Crimen Organizado. Su intervención habría sido descartada", reseña el periodista César Romero de La República.
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