Cierran filas. El fin de semana, el ministro Enrique Mendoza sostuvo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Hussein, se "excedió" al señalar que el Gobierno peruano debería solicitar una opinión médica internacional antes de indultar a Alberto Fujimori; y lo secundó el lunes el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski, al calificar esas declaraciones como "injerencia innecesaria".
Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ya había dejado sentada, de manera formal, la posición del Ejecutivo en torno a este tema en un escrito que se envió el viernes pasado a la ONU, según la agencia oficial Andina.
Se trata de una carta aclaratoria que el canciller peruano, Ricardo Luna, le remitió al citado comisionado, en la que subraya que el eventual indulto al reo de la Diroes es un tema de naturaleza interna que se resolverá dentro del marco jurídico del país.
"La posibilidad de un indulto al ex presidente (Alberto) Fujimori constituye, por los motivos expuestos, un asunto de naturaleza única y exclusivamente interna".
Zeid Ra’ad Hussein había explicado, al hacer la referida sugerencia, que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en el 2009 como autor mediato de homicidio calificado (por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos) y secuestro agravado (el caso Gorriti y Dyer), crímenes considerados de lesa humanidad en el mundo y que interesan y preocupan a la comunidad internacional, por lo que era necesaria una opinión de expertos extranjeros en este caso.
En el Gobierno no cayó nada bien la declaración del alto comisionado tras la visita de dos días que hizo a Lima, donde se reunió con el presidente Kuczynski y varios de sus ministros; con miembros del Congreso y el Poder Judicial; así como con representantes de la sociedad civil y el sector privado.
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