En medio de la caída libre de sus índices de aprobación (el rechazo a su gestión ya alcanza el 70%, según Datum), el alcalde de Lima, Luis Castañeda, podría enfrentar otro problema, de tipo legal.

El portal Útero reveló este miércoles que el burgomaestre capitalino ha contratado, con dinero de la Municipalidad de Lima, por un monto de S/ 72.360, al abogado Mario Rodríguez, para que asuma la defensa legal de Giselle Zegarra, quien fuera gerente de Promoción de la Inversión Privada en sus dos primeras gestiones como alcalde.

Así lo confirman los registros de procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras de abril de 2017 de la comuna metropolitana:

Zegarra es investigada en la fiscalía por la negociación bajo la mesa -a nombre de Castañeda- que realizó en el 2014 con el expresidente de OAS Léo Pinheiro, hoy preso por corrupción en Brasil, para la cancelación de Río Verde, como en efecto ocurrió, y el dinero de ese proyecto se usó para construir el by pass de 28 de julio en la presente gestión edil. 

El caso lo destapó en octubre del 2016 IDL-reporteros. Pero el tema es que cuando se realizó la referida negociación, Zegarra no era funcionaria y Luis Castañeda ni siquiera había asumido el cargo (era alcalde electo). En funciones todavía estaba Susana Villarán.

Si bien toda persona tiene derecho a un abogado, y cuando se trata de funcionarios con procesos derivados de su gestión, el Estado puede asumir los costos de su defensa legal siempre y cuando se justifique, este no es el caso de Giselle Zegarra, explicó el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu. 

¿La razón? La investigación fiscal está referida a un hecho sucedido cuando Zegarra, militante de Solidaridad Nacional, el partido de Castañeda, no ejercía ningún cargo público. "Castañeda, al contratar defensa para ella, podría haber incurrido en delito de peculado", dijo Arbizu en comunicación con LaMula.pe.

¿Qué debería suceder ahora?  Hay dos posibilidades, según precisó el exabogado del Estado: una es que la Procuraduría Anticorrupción le pida al Ministerio Público que abra una investigación preliminar contra Castañeda y los funcionarios que resulten responsables y la otra, que la Fiscalía intervenga de oficio, porque hay suficientes indicios de la comisión de un delito.

"Se tiene que indagar cómo es que el Estado le paga la defensa a esta señora si los hechos que la llevaron a ser investigada ocurrieron cuando no era funcionaria. Y Zegarra podría responder a título de cómplice", subrayó Arbizu.

Secreto de las comunicaciones

En el marco de la investigación que se le sigue a Zegarra, en la que Castañeda está incluido, por los delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pidió que se levante el secreto de las comunicaciones del alcalde de Lima, según pudo conocer El Comercio. La medida está pendiente de resolución por parte del Poder Judicial.

(Foto de cabecera: IDL-Reporteros)

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