El Ministerio Público anunció oficialmente el inicio de las investigaciones contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por la presunta negociación secreta con la constructora brasileña OAS, entre agosto y noviembre de 2014, cuando todavía no asumía funciones y a espaldas de la entonces burgomaestre Susana Villarán, con el fin de cancelar el proyecto Río Verde, caso que reveló IDL-Reporteros.

Las pesquisas que el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, ordenó iniciar a pedido del regidor de Lima Hernán Núñez, estarán a cargo del sexto despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que dirige Mónica Silva Escudero

Para su investigación, reveló este miércoles el diario La República, la magistrada Silva recurrirá a la Oficina de Cooperación Internacional para solicitar que la fiscalía brasileña remita, en principio, todos los mensajes de texto en WhatsApp que se encontraron en uno de los teléfonos del empresario brasileño Léo Pinheiro, exmandamás de OAS, actualmente preso y sentenciado a 16 años de cárcel por corrupción y lavado de activos.

Se trata de los mensajes que intercambió con la abogada Gisselle Zegarra, la exgerente municipal de Promoción de la Inversión Privada durante las dos primeras gestiones de Castañeda, sobre el presunto negociado para que no se firmara una adenda al contrato para ejecutar el proyecto Río Verde que promovía la gestión de  Villarán, el cual, en efecto, no se concretó. Y cuando asumió funciones, Castañeda utilizó un fideicomiso de US$74,5 millones de ese proyecto para el cuestionado bypass de la avenida 28 de Julio con la avenida Arequipa.

Abogada Gisselle Zegarra fue ex gerente municipal de Promoción de la Inversión Privada durante las dos primeras gestiones de Castañeda (Foto: caretas).

Silva espera contar con la ayuda y colaboración de los contactos que estableció en el Ministerio Público de Brasil. Uno de ellos el fiscal peruano Hamilton Castro, quien tiene a su cargo la investigación sobre los presuntos pagos de coimas que las constructoras brasileñas hicieron a funcionarios peruanos para ganar grandes obras públicas, en el marco de caso Lava Jato, que destapó la trama de corrupción más grande en la historia del gigante sudamericano.

Se espera también que la magistrada Silva viaje a Brasil para interrogar al mismo Pinheiro sobre este caso, precisó La República, en virtud de que el empresario ya negocia con la justicia de su país para acogerse a los beneficios legales que ofrece la delación premiada para lograr una rebaja en su condena.

A esta figura también recurriría Marcelo Obrebrecht, el condenado expresidente de la mayor constructora brasileña, para que revele los nombres de políticos y funcionarios que recibieron "propinas" en los diversos países de la región donde ganaron millonarios proyectos de infraestructura, incluido el Perú.  

De hecho, como una muestra de su voluntad para colaborar con la justicia de su país, Pinhero ya entregó información sobre la vinculación del expresidente Lula da Silva en la trama de corrupción de Petrobras.

léo pinheiro arrestado , luego sentenciado con 16 años de pena privativa de libertad por corrupción (foto tomada de veja.abril.com.br)

Secreto de las comunicaciones

Otra de las diligencias que la fiscal Silva realizará en el marco de la investigación del caso Castañeda-OAS es solicitar que el secreto de las comunicaciones en el Perú de Zegarra se levante, informó el medio citado. La ida se realizaría para verificar que la exgerente de Castañeda recibió todos los mensajes y la información de Pinheiro, así como cualquier otra comunicación con algún representante de la constructora OAS, entre julio y noviembre de 2014.

La fiscalía también pedirá a la Municipalidad de Lima toda la información sobre los contratos con OAS y otras empresas en las últimas tres administraciones ediles (la primera de Castañeda, la de Villarán y de la actual gestión, también de Castañeda).

Además, el actual burgomaestre capitalino y Giselle Zegarra, así como otros funcionarios, serán llamados a declarar cuando se tenga toda la documentación básica, para poder contrastar lo que digan con la información recibida de Brasil, indicó La República, citando fuentes del Ministerio Público. 

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