La Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht solicitó a la Fiscalía incluir en sus pesquisas, en calidad de investigados, a Jorge Barata y José Alejandro Graña Miró Quesada, como cómplices primarios del delito de colusión agravada.
El argumento del despacho de la procuradora Katherine Ampuero es que Barata y Graña son representantes del consorcio Tren Eléctrico Lima, integrado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero, que estuvo a cago del Metro de Lima, proyecto en el que la constructora brasileña admitió haber pagado coimas.
El pedido fue formalizado ante la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, con relación a la investigación por los sobornos para la buena pro de las obras de la Línea 1 Tramo 2 del Metro de Lima.
La Procuraduría Ad Hoc también solicitó al Ministerio Público que se amplíe la indagación preparatoria contra el exviceministro Jorge Cuba y los exfuncionarios del régimen aprista Edwin Luyo y Mariella Huerta también por colusión agravada. Los dos primeros ya bajo prisión preventiva y la última con una orden de captura.
Además, la procurador Ampuero pidió comprender en calidad de investigados a Jesús Munive Taquia y Jorge Menacho Pérez, exmiembros del comité de licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro, también por el delito de colusión agravada.
Graña en el Congreso
José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio del Grupo Graña y Montero, se presentó este viernes en la Comisión Lava Jato del Congreso, donde negó que este conglomerado haya conocido o participado del pago de coimas de Odebrecht, tal como lo afirmó Jorge Barata, exdirector de la transnacional brasileña.
“Ni nuestra empresa, ni nuestros ejecutivos, conocieron, gestionaron o realizaron pago alguno, o realizado algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha manifestado el ex representante de Odebrecht en el Perú [Jorge Barata] sobre el supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero no es verdad”, sostuvo.
El congresista aprista Mauricio Mulder, miembro de la comisión, puso en duda la versión de Graña, de que desconocían todo, al sostener que la declaración de Barata es parte de una delación premiada que podría beneficiarlo con una reducción de pena.
Sin embargo, Graña insistió en su postura. “Las declaraciones de señor Barata no corresponden a la verdad, no pueden existir pruebas de que nosotros supiéramos de ese tema”, mencionó, tras señalar que la empresa colaborará con la justicia en todo lo que sea solicitado.
“Nos sometemos a la fiscalía. Y si es que la fiscalía determina que tenemos que pagar una indemnización, se hará, se cumplirá con la ley de todas maneras. Pero no podemos adelantar una solución”, anotó.
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