El anuncio del presidente Pedro Pablo Kuczynski de que el exministro fujimorista Alfredo Jalilie, quien estuvo preso por corrupción, había vuelto al Estado como parte del equipo que ayuda en la reorganización del Seguro Integral de Salud (SIS) desató una ola de críticas y cuestionamientos de diversos sectores, incluso dentro del mismo Ejecutivo, en donde el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, admitió que la participación del exfuncionario "es controversial en el aspecto político".
"Él es del gobierno de Fujimori. Seguro nos van a decir cómo es posible, pero es una persona de gran capacidad", alegó PPK para justificar su decisión, en una muestra más de su pragmatismo para ejercer el poder que ya le está pasando factura a solo 100 días de gestión, pero lo cierto es que la presencia de Jalilie es una evidente contradicción frente a algunas de las medidas que dictó el Gobierno, tras el escándalo del exasesor presidencial Carlos Moreno, como la "muerte civil" para corruptos y la directiva que a los ministros para que revisen sus entornos y así detectar a los pillos que se camuflan en el aparato estatal.
Por ello, el vocero del oficialismo en el Congreso, Carlos Bruce, tuvo que salir a aclarar que Jalilie "no está en la planilla del Estado" y que solo ha sido consultado sobre temas relacionados al SIS. "Él ha dado algunas recomendaciones y esa ha sido toda su participación en materia de asesoría a este gobierno", manifestó esta semana, al señalar que fue el Ministerio de Salud (Minsa) la entidad que contactó al exviceministro de Hacienda, cuya sentencia fue condonada por el expresidente Alejandro Toledo por motivos de salud.
El último que ha tenido que salir a dar la cara es el mismo jefe del SIS, Edmundo Beteta, quien afirmó Jalilie "no tiene ningún vínculo laboral" con la institución que dirige. "En nuestro portal de Transparencia es una obligación que esté toda la lista del personal de las entidades públicas. Entonces, Alfredo Jalilie no trabaja en el SIS, lo puede verificar cualquier persona", remarcó en RPP.
Según Beteta, el exministro fujimorista, condenado el 2006 a cuatro años de cárcel efectiva por el desvío de fondos público para pagar US$15 millones a Vladimiro Montesinos como compensación por sus años de trabajo (CTS), es parte de una "una comisión que apoya la reorganización del SIS, esa comisión la conforman seis ministerios y es presidida por el Ministerio de Salud".
El jefe del SIS arguyó que cuando ese grupo se reúne, "puede invitar a expertos, como puede ser el caso del señor Alfredo Jalilie, que en condición de experto presupuestal puede ir a algunas reuniones".
¿Qué hace? ¿quién le paga?
Esas han sido las explicaciones oficiales que se han dado hasta el momento para justificar la colaboración de Jalilie con el Ejecutivo, pero estas han dejado más dudas que certezas. Si no está en la planilla del Estado, ¿quién le paga? ¿trabaja gratis? ¿quién solicitó su participación? ¿No hay en el Perú otros expertos sin antecedentes de corrupción a los que se les pueda consultar?
Beteta y Bruce dan a entender que se trató de una asesoría puntual, pero ninguno descartó que Jalilie siga participando en el proceso de reorganización del SIS, más aún si se trata de una persona inhabilitada por ley para la administración pública. ¿La razón? Adeuda más de dos millones de soles al Estado por reparación civil.
jalilie fue viceministro de hacienda cuando boloña era titular de economía. en la imagen, con el hoy condenado y reo expresidente alberto fujimori.
Jalilie Awapara figura hasta la fecha en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci), y el artículo 5 de Ley Nº 30353 prohíbe de forma expresa que personas con deuda pendiente por concepto de reparación civil trabajen en alguna instancia del Estado. Es decir, si se acredita que hay un vínculo contractual entre Jalilie y el Ejecutivo, la administración de PPK estaría incurriendo en un ilícito.
Además de caso de la CTS a Montesinos por el fue condenado, Jalilie tenía otros tres procesos por corrupción pendientes hasta que recibió la gracia presidencial en el toledismo: el uso de fondos estatales para cancelar la deuda de S/1.900.000 del publicista Daniel Borobio a la Sunat; la compra irregular de MIG-29 y Sukhoi; y la adquisición de patrulleros para el Ministerio del Interior.
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