La "muerte civil" para funcionarios corruptos es una medida necesaria que el Poder Ejecutivo acaba de oficializar el fin de semana último, vía un decreto supremo. Se hizo en el marco de una cruzada que se inició tras la crisis de credibilidad que desató en el Gobierno el caso del 'negociazo' con el SIS del exasesor Carlos Moreno.
Si el objetivo de la inhabilitación perpetua para funcionarios sentenciados por corrupción es empezar a limpiar el Estado de pillos que se enquistan en todos sus niveles, ¿no sería acaso conveniente que la "muerte civil" se amplíe a otros delitos tan o más graves que la corrupción, como el homicidio, la trata de personas, el narcotráfico o el terrorismo?
Eso plantea la Asociación Civil Transparencia, según explicó su presidente, Allan Wagner, quien sostuvo que esta propuesta apunta a evitar que, por ejemplo, en una elección parlamentaria se "cuelen" personas con prontuario, pero con el dinero suficiente para postular.
Estas situaciones las hemos visto en campañas pasadas. Y ya sabemos que los 'filtros' de la mayoría de los partidos para evitar que esto suceda son una burla. No nos engañemos. Por ello, parece pertinente y necesaria una propuesta que permita mejorar la calidad de nuestra representación nacional.
El mismo embajador Wagner la expuso el jueves último en el Consejo de Ministros en Palacio, en donde entregó esta y otras 31 propuestas para contribuir con la institucionalidad del país (acá las pueden revisar).
"Llegó el momento en que las personas que hayan delinquido contra el Estado no puedan tener acceso a la confianza que todos los peruanos depositamos en los funcionarios públicos", enfatizó.
Un dato para poner en contexto la situación: en lo que va del año, el Poder Judicial impuso 1.367 sentencias condenatorias por delitos de corrupción cometidos en la administración pública. Estos fallos fueron, principalmente, por casos de peculado, cohecho y colusión, y la mayoría ocurrieron en Lima, Junín y Ayacucho.
La muerte civil y la imprescriptibilidad
El decreto del Ejecutivo sobre la "muerte civil", promulgado el sábado último en el marco de las facultades delegadas, modifica el Código Penal y fija un máximo de 20 años de inhabilitación principal por delitos cometidos por funcionarios. Las penas accesorias en casos de colusión, peculado de uso, malversación, soborno, tráfico de influencias, cohecho y otros, llegarán hasta la inhabilitación perpetua cuando se cometan contra el patrimonio del Estado, así como cuando se actúe como parte de organizaciones delictivas que afecten a programas asistenciales como Seguro Integral de Salud (SIS), Juntos, entre otros.
Además, se creará el Registro Único de Condenados e Inhabilitados, al cual van a tener acceso todos los niveles del Estado, para evitar que un corrupto vuelva a ingresar o se recicle en alguna instancia del aparato estatal.
Esta semana el Ejecutivo remitirá un proyecto de ley al Congreso que plantea una reforma que busca modificar el artículo 41 de la Constitución, para que se regule la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta propuesta debe pasar por dos legislaturas congresales. Entre las bancadas hay consenso para aprobar esta iniciativa. De hecho, hay otros tres proyectos de ley en ese sentido.
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