Llegaron a Lima en el año 2000 para dedicarse temporalmente a la venta de artesanías. Pero vieron la oportunidad y se quedaron en la capital peruana en busca de mejor educación y oportunidades. Con el tiempo, los familiares de estos jóvenes Shipibo-Konibo vinieron desde Ucayali para vivir junto a ellos.
Luego de vivir en casonas, se asentaron en las riberas del río Rímac en la zona denominada Cantagallo. Obtuvieron certificados de posesión de la Municipalidad distrital y comenzaron a pagar arbitrios como todo vecino de Lima. Superaron la discriminación inicial que sintieron en un inicio, pero en el 2009 volvieron a sentirse excluidos cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima, con Luis Castañeda Lossio como alcalde, suscribió el contrato para el Proyecto Línea Amarilla sin tomar en cuenta que los afectaría directamente.
Línea Amarilla tenía planeado unir el Centro de Lima con el Callao a través de una vía expresa. Ante ello, la población indígena de Cantagallo protestó y pidió su reubicación. El conflicto se mantuvo latente hasta que en el 2011, con el cambio de gobierno y la llegada de Susana Villarán a la alcaldía de Lima, se inició un proceso de diálogo entre la Municipalidad y la comunidad Shipibo-Konibo. Todo parecía llegar a buen puerto cuando la comuna limeña y la empresa LAMSAC firmaron una adenda al contrato para el proyecto Río Verde, que beneficiaría a los indígenas.
En el 2012, la Municipalidad reconoció que los Shipibo-Konibo de Cantagallo iban a ser afectados y que debían ser reparados de alguna forma. Luego de negociaciones y de búsqueda de terrenos, el 16 de setiembre del 2014 los presidentes de las tres asociaciones shipibas de la zona aceptaron el terreno ubicado en la Urbanización Campoy en San Juan de Lurigancho, donde serían reubicadas 226 familias en un moderno y ecológico complejo habitacional de 7141m2 como reparación por ser trasladados.
Dos meses después, la población indígena de Cantagallo se vio afectada por las obras de Vía Parque Rímac (antes Línea Amarilla) con cortes de agua y desagüe repentinos e infecciones respiratorias por el polvo levantado por la construcción, hechos que fueron reportados en su momento por la Defensoría del Pueblo. La comunidad también manifestó su malestar por la demora en la construcción del Conjunto Habitacional antes acordado.
Algo pasaba con la empresa brasileña OAS que no aceleraba la ejecución de esta importante y necesaria obra. En diciembre del 2014, antes del cambio de gestión, Villarán dejó una ordenanza de la Municipalidad de Lima con la que declaró la relevancia de la reubicación de la comunidad Shipibo-Konibo al terreno en Campoy. Pero ya era demasiado tarde.
El mismo mes que la comunidad reportó afectaciones por las obras en el río Rímac, Luis Castañeda Lossio inició negociaciones con José Adelmário Pinheiro Filho, entonces dueño de la constructora brasileña OAS, accionista mayoritario de LAMSAC, para cancelar Río Verde. Sabiendo ya que asumiría la Alcaldía de Lima, Castañeda se comunicaba con Pinheiro a través de su exgerenta Giselle Zegarra. “Escoge el día, el lugar y la marca de champaña. Estoy muy agradecido. Eres una gran maestra”, le dijo el 12 de noviembre del 2014, el expresidente de OAS a Zegarra a través de un mensaje de texto enviado desde su iPhone, posteriormente incautado por la Policía Federal de Brasil.
Dos días después de esa conversación, Pinheiro fue detenido por las autoridades brasileñas y luego condenado a 16 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y crimen organizado. El champagne nunca se descorchó, pero el proyecto Río Verde se canceló de todas maneras. Según una investigación de IDL-Reporteros, Castañeda llegó incluso a molestarse porque este proyecto seguía teniendo publicidad, cuando él ya había pactado con la empresa su posterior cancelación.
Cuando en enero del 2015 Castañeda volvió a la Municipalidad de Lima, su gestión guardó un preocupante silencio sobre el caso de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo. Pasaron los meses hasta que en marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el resultado de lo que ahora sabemos fue un negociado entre Castañeda y OAS: el dinero destinado para Río Verde se desvió para la construcción de un bypass en las avenidas 28 de julio y Arequipa.
Jóvenes salieron a protestar en las calles ante este atropello contra esta población indígena. Incluso acamparon en la zona de la nueva obra de Castañeda en una acción denominada #TomaElBypass. Luego, la Defensoría del Pueblo intervino y logró una reunión entre representantes de la comunidad y la Municipalidad, pero el diálogo no tuvo frutos. En abril del 2015, en un conversatorio en la PUCP, Ricardo Franco, dirigente de la comunidad, contó que la actual gestión no mostraba voluntad para dialogar, que solo lo hicieron por presión social. “Nos hemos molestado con la forma en la que nos han atendido, la forma en la que asesores han respondido a nuestras preguntas”, dijo.
Pasaron los meses y los políticos y los medios se concentraron en la campaña electoral del 2016. El caso del proyecto Río Verde volvió a la agenda a fines de octubre con las publicaciones de IDL-Reporteros y Caretas que dieron cuenta de las conversaciones entre Zegarra y Pinheiro sobre la negociación entre Castañeda y OAS para anular la obra que iba a beneficiar a los Shipibo-Konibo.
En momentos en que Castañeda ya debería estar preocupado por las investigaciones que ha iniciado el Ministerio Público en su contra por el caso OAS, la comunidad de Cantagallo se incendió. Una vela dejada por un niño en su casa, debido a los cortes de luz, sería el motivo de este siniestro. Pero las más de 450 familias afectadas no deberían seguir ahí, ya deberían haber sido reubicadas en el Complejo Habitacional, si no fuera porque Castañeda anuló Río Verde. Al ser cuestionado por la prensa por este hecho, el alcalde de Lima solo dijo que los Shipibo-Konibo fueron ilusionados y engañados. Lo cierto es que él hizo cenizas un importante proyecto que los beneficiaría mucho antes que este incendio.
(Foto de portada: Agencia Andina)
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