El presidente Pedro Pablo Kuczynski planteó el lunes último que la "muerte civil" para funcionarios públicos sentenciados por corrupción, que su gobierno acaba de aprobar el fin de semana vía decreto supremo, también se aplique a los privados. 

La razón es simple. El círculo vicioso de la corrupción tiene dos componentes: el corrupto y el corruptor. Ambos sacan provecho personal de un trato bajo la mesa. 

Al instalar la Comisión Presidencial de Integridad, en una reunión en Palacio, PPK dijo que la corrupción es propiciada muchas veces por las trabas burocráticas del Estado, lo que hace que agentes privados recurran a coimas para apurar procesos administrativos. 

"Ambos tienen que ser castigados, no solo [debe haber] la muerte civil al funcionario público sino la muerte civil del privado que puso la plata o trato de saltarse algunas vallas", refirió el jefe de Estado.

La propuesta de PPK es necesaria para que la lucha contra la corrupción que emprendió su gobierno a raíz de un escándalo en su propio entorno sea efectiva. Se trata de estrechar el cerco a los corruptos, que no solo están en todos los niveles y estamentos del aparato estatal, sino también en las empresas privadas.

Aún no hay muchos detalles sobre la medida, ni cómo ni cuándo se evacuaría, pero lo cierto es que se trata de una reforma fallida, que no será fácil concretar, porque genera muchas resistencias, sobre todo en el sector privado, como nos lo recordó el politólogo y analista Juan de la Puente. "En el Perú existen empresas que se han opuesto a la reforma legislativa para fijar la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) en los casos de corrupción", le dijo a Lamula.pe.

De hecho, una de las 32 propuestas para fortalecer la institucionalidad del país que la Asociación Civil Transparencia alcanzó al Ejecutivo plantea modificar la ley de gestión de intereses privados, la cual busca regular y transparentar los lobbies de las empresas en la toma de decisiones públicas, y que tienen como objetivo que se aprueben o bloqueen de leyes, según la conveniencia de sus intereses.

"Queremos que la gestión de intereses sea entendida como un mecanismo legítimo de comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades y que cuente con los mecanismos adecuados que aseguren la transparencia y el control en su ejercicio", explica Transparencia.

Además, establecer la responsabilidad penal de las empresas privadas en actos de corrupción es una de las reformas necesarias para que el Perú pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es uno de los objetivos del Gobierno y que PPK espera concretar antes de que acabe su mandato. 

Esto, junto con un sistema anticorrupción efectivo (que no tenemos), son dos de las medidas claves para poder ser parte del organismo. Es un camino inevitable que ya recorrieron, por ejemplo, Chile y Colombia, que ahora son parte de la OCDE, según explica De la Puente:

"Si es que eso no se aprueba, no solo no vamos a entrar a la OCDE, sino que tampoco vamos a poder luchar contra la corrupción eficazmente. Hay países donde ya se han certificado modelos anticorrupción en las empresas, hay países donde hay sistema se colaboración eficaz para ejecutivos de empresas privadas, para denunciar sobornos".

Foto de cabecera: (Perú21)

Lee también:

Analizamos las 5 medidas de PPK contra la corrupción y el alcance y el impacto que deberían tener

#Memorex: Así actuó el fujimorismo con Ley de "Muerte Civil", que no es original de PPK