El pasado 16 de octubre, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, confirmó que el ciudadano Quintino Cereceda falleció a causa de un impacto de bala durante un enfrentamiento con policías por el bloqueo de la carretera Quehuire-Huancuire (Apurímac), cercana al proyecto minero Las Bambas.

En su momento, Basombrío explicó que dicha operación fue realizada sin autorización y anunció una investigación para determinar quién dio 'luz verde' a la intervención que culminó con la muerte de un comunero.

Pero, ¿qué hacían los policías del lado de la empresa minera? La explicación estaría en los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional. Al respecto, Javier Torres Seoane, director de Noticias SER, expresó

"La existencia de un convenio entre la Policía Nacional y la minera que, como en otros casos, lleva a una tácita dependencia del personal "contratado" por la empresa -a través del convenio- a su política de seguridad. A lo que se agrega que muchas veces -con convenio o sin él- el personal policial termina siendo trasladado al lugar del conflicto por vehículos de la compañía (y alimentados por ella, durante los días que duren las protestas)". 

¿Por qué no se hacen públicos estos convenios? Si bien se sabe a 'grosso modo' -tal como destaca Reuters- que estos acuerdos "permiten a la policía cuidar la propiedad de las empresas a cambio de un pago", no se conocen los detalles. 

Rolando Luque, director de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, evitó comentar este tema al ser consultado por la agencia de noticias con sede en Reino Unido. "Ese tema lo están viendo desde el Ministerio de Interior, todavía no se ha agotado internamente el debate sobre ese punto", mencionó. 

Eso sí, expresó que si bien la Policía Nacional no tiene como tarea resolver los conflictos sociales, sí esta obligada a comprender estos desencuentros. "Solo a partir de esa comprensión se puede elaborar planes de operaciones más acertados", sostuvo. 

En ese contexto, informó que está conversando con la Cruz Roja para elaborar un programa de entrenamiento para la Policía Nacional con el fin de tener un mejor manejo de las protestas. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de Luque, es necesario que el Gobierno sea más transparente sobre los alcances de los convenios entre la Policía y las empresas mineras.


Diálogo en Las Bambas

El último sábado, una comisión gubernamental - encabezada por el primer vicepresidente Martín Vizcarra- llegó hasta Cotabambas para reunirse con el alcalde de esa jurisdicción -Odilón Huanaco- y los líderes de las comunidades.

El resultado fue, hasta cierto punto, prometedor. Los representantes del Ejecutivo propusieron un tregua de 45 días y esta fue aceptada por seis alcaldes distritales de la zona. No obstante, los dirigentes de cuatro comunidades no estuvieron de acuerdo e incluso señalaron que continuarían con el paro y que no permitirían el tránsito de los camiones de la minera.


[Foto de portada: periodicomundonews ]


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