Colombia está en un momento clave de su historia. Hay dos procesos en marcha para lograr fraguar una paz estable y duradera con las dos principales guerrillas del país. En ese contexto se enmarca el anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos el jueves por la noche en cadena nacional, el cual tiene tres aristas clave: I) que el cese al fuego bilateral se extenderá hasta el 31 de diciembre, II) que esto no es "un ultimátum", pero sí pone límites perentorios para lograr un nuevo acuerdo, y III) que esta decisión está motivada por la gran movilización social, liderada por los jóvenes, que desató el revés en el plebiscito del 2 de octubre.
Esta es la segunda vez que el mandatario amplía la fecha del cese de hostilidades -la primera fue hasta el 31 de octubre-, para evitar que vuelva la violencia subversiva en el país, mientras se evalúa en la mesa del Gobierno las medidas que los opositores al acuerdo de La Habana plantean. El oficialismo lleva dos semanas de negociaciones con los promotores del No sin que se logre consenso alguno.
Santos resaltó dos aspectos de su mensaje: primero, que la prórroga "no es un ultimátum ni fecha límite", pero sí un respaldo al colectivo de jóvenes que lideran las marchas ciudadanas para exigir la paz en Colombia y la consecución de un acuerdo de manera inmediata. "Me exigieron poner límites perentorios. Me dijeron que no puede haber borrón y cuenta nueva. Que se requieren propuestas concretas y realistas. Muchos de ellos insistieron en que los acuerdos siguen vigentes", dijo el mandatario.
"No puede haber borrón y cuenta nueva" y "propuestas concretas y realistas". O dicho de otra forma: el oficialismo no está dispuesto a empezar a negociar desde cero un acuerdo que les tomó casi seis años y encontrar un punto medio entre lo que quiere el urbismo y lo que eventualmente las FARC estén dispuestas a ceder en esta nueva etapa.
¿Qué plantea la oposición?
Los promotores del No, liderados por el expresidente Álvaro Uribe a través de su partido el Centro Democrático, ya entregaron al equipo negociador del Gobierno un documento de 26 páginas con las propuestas que plantean para esta nueva etapa del proceso de paz, que incluyen también las del exmandatario Andrés Pastrana, y que han denominado "Bases de un Acuerdo Nacional de Paz".
Estas propuestas de Uribe y su gente se pueden resumir en cuatro claves:
1. Que lo pactado no se incorpore a la Constitución "con carácter inmodificable". Plantea la creación de un Tribunal Transicional (denominación similar al del texto de La Habana), pero siempre que se integre en la estructura judicial y no se cree "una estructura política paralela" porque, señala el documento, atenta contra el sistema jurídico colombiano y propone que sus magistrados sean colombianos, mayores de 40 años, aunque pueden participar extranjeros como "defensores de las personas procesadas".
2. La oposición también plantea penas de un mínimo de cinco años y hasta 20 de privación de libertad para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad en base al Derecho Internacional Humanitario, con posibilidad de reducirse a entre cinco y ocho años si se admiten responsabilidades. Las condenas, agrega el documento, podrían cumplirse en lugares de reclusión como granjas agrícolas. Además propone "una amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue todo material bélico.
3. La oposición rechaza que la participación política, uno de los temas más álgidos en la campaña del plebiscito, implique que las FARC, luego de que abandonen las armas, coloquen a representantes en las cámaras del Congreso a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad. También se niegan a que se les dé asientos en el Consejo Nacional Electoral.
4. El documento subraya que el narcotráfico debe quedar fuera de los delitos amnistiables, y que las FARC no pueden participar en la creación de un nuevo cuerpo de seguridad ligado a la Policía Nacional.
Estas son las líneas rojas que el uribismo le plantea al gobierno de Santos y ahora esperan una respuesta del oficialismo antes de que se elabore un documento final que se lleve a La Habana, en donde las FARC deben mostrar en los hechos lo que tanto repiten sus jefes.
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